Manuel Guadarrama | @ManuGuadarrama*
El año empezó con una noticia importante para la vida pública del país. La elección de la ministra Norma Piña para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Nunca una elección entre los ministros había sido tan observada y comentada. Esta elección es relevante porque determinará la forma de conducirse de nuestro máximo tribunal en asuntos que están pendientes de resolverse como la militarización del país, la seguridad nacional, las reformas en materia electoral, el funcionamiento de la administración pública y la garantía de los derechos humanos.
Cada 4 años el Pleno de la SCJN elige de entre sus once miembros a un presidente, el cual no puede ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Dentro de las principales funciones que ahora tendrá la ministra presidenta están la de dirigir al Consejo de la Judicatura Federal, órgano a cargo de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial. La ministra Piña ahora será la encargada de tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la SCJN, autorizar las listas de los asuntos, dirigir los debates, formular y remitir al presidente de la República, los proyectos de presupuestos de egresos del Poder Judicial de la Federación.
Además de esas funciones que de manera formal tiene la presidencia de la SCJN, está la de representación del Poder Judicial. La importancia de este Poder del Estado en la actual administración adquiere mayor relevancia ante la incapacidad del Poder Legislativo de generar consensos y acuerdos sobre la agenda legislativa del Ejecutivo Federal. En última instancia quien termina resolviendo (o no) las controversias entre los Poderes de la Unión son los ministros.
Por increíble que parezca, la competitividad del país termina por decidirse por los jueces, magistrados y ministros. Para muestra ¿qué sucedió con las reformas en materia energética en la Ley de la Industria Eléctrica?, ¿qué pasó con la existencia de la prisión preventiva oficiosa o con la discusión sobre el recorte de recursos que hicieron los diputados al INE? El Ejecutivo federal en repetidas ocasiones ha criticado las decisiones que han fijado límites o echado para atrás decisiones que son ilegales o inconstitucionales.
Ahora la Suprema Corte encabezada por primera vez por una ministra tiene, por lado, el deber de funcionar como un verdadero tribunal constitucional. Que no solo proteja la tan vulnerada Constitución, sino actúe como contrapeso y haga valer la división de poderes. Por el otro lado, tiene una tarea pendiente igual de importante: rendir cuentas de forma tal que termine por legitimar sus decisiones, sustentadas no solo en las disposiciones jurídicas, sino que sus resoluciones y actuaciones sean sujetas a un escrutinio público.
El acceso a la justicia sigue sin ser un derecho efectivo para todas las personas. El argumento usado por el presidente, aunque mal intencionado, es válido. En el México actual no basta con argumentar que “la ley es la ley”. La justicia requiere que nuestros jueces estén a la altura de las circunstancias. Al final de cuentas, defender un Estado de Derecho es condición indispensable para avanzar hacia un México más próspero, incluyente y justo.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
