Paola Zuart
“Nos dio una esperanza muy grande y bonita, sentimos que íbamos a llegar a la verdad”, señaló Joaquina García, madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En 2018, López Obrador se comprometió ante las familias de los normalistas, asegurando que haría todo lo posible por localizar a los estudiantes y por hacer justicia. Aseguró que su compromiso era “no fallares a las madres y a los padres”
Durante un tiempo, pareció que este compromiso se traduciría en acciones concretas: se estableció la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, se inauguró una nueva línea de investigación, regresó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se creó una Fiscalía Especial.
Sin embargo, a pesar de algunos avances iniciales, persistía un problema estructural subyacente: la alianza entre el ejército y el gobierno. Este vínculo resultó ser más sólido que las promesas de verdad y justicia.
Si bien se reportaron progresos, como el hallazgo de restos de dos normalistas y el inicio de procesos penales contra los torturadores para construir la supuesta verdad histórica, pronto se hizo evidente que, cuando las investigaciones comenzaron a implicar al Ejército mexicano como un actor fundamental, el compromiso gubernamental y la empatía hacia las víctimas comenzaron a desvanecerse.
“En la encrucijada de si creerle a la investigación penal o al Ejército, el presidente optó por el Ejército”, mencionó Francisco Cox, ex integrante del GIEI. Esta alianza resultó en la paralización de avances y en la desviación de la investigación. Ante los obstáculos presentados por el Ejército, el GIEI optó por retirarse, y el fiscal encargado del caso, Omar Gómez Trejo, renunció. Posteriormente, el Ejército implementó “una estrategia para ir sacando, uno a uno, a todos sus elementos de este caso”, señaló el activista Humberto Guerrero.
A partir de este momento, el discurso del presidente se endureció, acusando a abogados y activistas de “manipular” a los familiares, y defendiendo abiertamente el papel del Ejército en su libro, sugiriendo que, de existir alguna participación, esta correspondería a “manzanas podridas” en la institución.
Es así que diez años después no hay verdad ni justicia, solo impunidad. Pasan los años y las administraciones cambian pero los culpables continuan en libertad, protegidos por el Estado. Unos inventan relatos insostenibles, otros dan carpetazos; no obstante, el resultado es el mismo: proteger a los culpables, poner a los militares primero. En un contexto de creciente militarización, parece que lo prioritario es salvaguardar a las fuerzas armadas, independientemente de las consecuencias para la población civil.
