En menos de tres meses, Claudia Sheinbaum tomará protesta como la primera presidenta de México. Durante este periodo de transición conformará su gabinete, plan de gobierno y perfilará estrategias para ejercer el poder respaldado en casi 36 millones de votos. Cada día que transcurre de aquí hasta el primero de octubre es clave para su sexenio y para el país. La prueba son las reformas constitucionales.
El 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo Federal envió al congreso un paquete de 18 reformas constitucionales y dos legales como lo que se pensaba sería un último esfuerzo de controlar la agenda durante el periodo electoral. Con los resultados del 2 de junio es muy probable que la nueva legislatura en el Congreso de Unión tenga mayoría calificada por parte de Morena y aliados. Esto significa que durante el mes de septiembre las reformas podrían aprobarse. La incertidumbre de la transición ya pasó factura al tipo de cambio.
El presidente fue claro al decir que en una balanza las reformas pesan más que cualquier descalabro económico que se pudiera generar. Por el contrario, la futura presidenta rápidamente hizo público que la dirección de la Secretaría de Hacienda seguirá en manos del secretario Ramírez de la O. Al ser cuestionada sobre las reformas constitucionales mencionó que en septiembre habrá que discutirlas y convocar a un ejercicio de “parlamento abierto”. Más allá de si hay o no encontronazo, lo cierto es que tarde o temprano se discutirán y aprobarán. Por ello conviene analizar los cambios planteados.
Las reformas constitucionales comprenden temas como la alimentación, ambiente sano y derecho al agua, protección y cuidado de animales, protección a la salud, materia penal, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, bienestar, austeridad republicana y remuneraciones, salarios, atención médica, materia electoral, pensiones, transporte ferroviario, industrias estratégicas, vivienda y empleo. Adicionalmente, destacan las iniciativas de reforma al Poder Judicial de la Federación, de Simplificación Orgánica y a la Guardia Nacional.
En materia de seguridad pública, se establece que la Federación cuenta con la Guardia Nacional. Se reconoce su integración por personal de origen militar dependiente de la SEDENA para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, habilita a los legisladores para regular la participación de las fuerzas armadas en la seguridad interior y deja que sea la Ley y no la Constitución la que determine la estructura orgánica y dirección de este cuerpo de seguridad. En pocas palabras, la militarización institucionalizada.
La iniciativa sobre Simplificación Orgánica es, probablemente, la visión que el presidente siempre deseó para organizar a la Administración Pública Federal. La eliminación de los organismos autónomos, la absorción de funciones por parte de las secretarías y oficinas dependientes del Ejecutivo Federal, así como normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, medición de pobreza y evaluación de políticas sociales. Esta iniciativa representa la posibilidad de terminar los pocos contrapesos que existen, la división de poderes y la pérdida de conocimientos especializados en materia de transparencia, protección de datos, competencia económica, telecomunicaciones y sector energético.
La reforma al Poder Judicial de la Federación amerita un análisis sobre cada uno de sus componentes. La elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas, así como la disolución del Consejo de la Judicatura Federal y algunos componentes de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral deja más dudas que respuestas. La falta de detalles operativos en esta reforma la convierte en una amenaza para el acceso a la justicia y la independencia judicial.
Pensar que existen visiones diferentes entre el presidente saliente y la presidenta electa es una falsa dicotomía. También lo es suponer que las iniciativas son en su totalidad negativas y que no merecen ser debatidas. En estas semanas de transición es el tiempo idóneo para el análisis y la discusión. Al final de cuentas, en lugar de mandar al diablo las instituciones, a todas y todos nos conviene que la vía institucional persista.
*Manuel Guadarrama es maestro en políticas públicas y profesor universitario.
