Blanca Lilia Ibarra Cadena
Hace 47 años se adicionó al artículo 6° constitucional, la frase: “el Estado garantizará el derecho a la información”. Este reconocimiento constitucional del derecho a saber era exigible sólo a los partidos políticos con el objetivo de asegurar condiciones de equidad en la difusión de las propuestas políticas en los medios de comunicación.
A partir de este suceso, se inició un proceso de perfeccionamiento para la garantía efectiva de ese derecho. Fue así que gracias a la iniciativa ciudadana por conocer y participar en la vida pública, se logró que a inicios de este siglo, es decir, 25 años después de la citada modificación constitucional, se reconociera el derecho de acceso a la información pública como una garantía individual que obligaba al Estado a brindar información veraz, completa y objetiva de sus acciones y decisiones. Una conquista de la sociedad que lograba hacer exigible al Estado el derecho a saber y preguntar.
La evolución de ese derecho contempló reformas normativas que permitieron contar con los elementos mínimos y adecuados para acceder a la información y garantizar su ejercicio de manera autónoma, imparcial, técnica y especializada. Con la creación de una institución autónoma al servicio de la sociedad: el Instituto Nacional de Transparencia, se establecía una nueva relación entre ciudadanía y autoridades.
Desde hace una década, el INAI ha promovido la consolidación estos derechos en nuestro país, como herramientas fundamentales que nos permitan promover la participación ciudadana, el conocimiento de la gestión pública y la rendición de cuentas gubernamental. Se trata de hacer cada vez más público lo que debe de estar a los ojos de cualquier persona.
Sin embargo, con la aprobación del dictamen de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, con la cual se busca desaparecer los organismos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI, estas conquistas sociales están en riesgo. De concretarse su desaparición, representaría un grave retroceso, que impactaría directa y negativamente en la garantía de los derechos y libertades de las y los mexicanos.
Las facultades del INAI son el resultado de un largo proceso normativo, social y democrático para garantizar con eficacia este derecho humano; pretender desaparecer una institución que es patrimonio de las mexicanas y los mexicanos, requiere previamente de un diálogo amplio, abierto y constructivo, que involucre a todos los actores.
Por ello, reiteramos nuestra apertura e intención de participar en la discusión sobre este tema. Es una institución que por años nos han costado construir.
@bl_ibarra