Por Carlos Villaseñor Franco / Vicepresidente de Finanzas COPARMEX
La esperanza es lo último que muere, dice el dicho. Pero, a veces, por más sabia que sea la filosofía popular, termina por restarle al optimismo.
Así, en la penumbra de una mayoría sin contrapesos, se avecina una Reforma al Poder Judicial: una serie de cambios que alerta no solo por el impacto que tendrá en el sistema de justicia del país, sino por su repercusión directa en otros sectores clave para la nación, como las relaciones exteriores, el comercio y la economía.
Esta reforma anticipa un declive en la confianza en el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, generando incertidumbre respecto al cumplimiento de lo acordado en el T-MEC. La reforma judicial aleja a los inversionistas, poniendo en riesgo el empleo, el crecimiento económico y la recaudación. La duda es si en este país hay certeza jurídica o no. El riesgo de constantes cambios en las reglas del juego mantiene la incertidumbre y, en consecuencia, debilita el Estado de Derecho.
Incumplir con los estándares de derechos humanos e independencia judicial aleja a nuestros socios comerciales. A su vez, la politización en la elección de jueces y magistrados es uno de los principales riesgos: la elección directa por voto popular compromete la independencia judicial. Este no es el mecanismo que garantice el perfil adecuado de quienes impartirán justicia; más bien, abre la puerta a la invalidez de la profesionalización y la carrera judicial, además de golpear el principio de imparcialidad que debe regir al Poder Judicial.
Solo pensar en los procesos de elección para jueces y magistrados a nivel federal y local plantea desafíos logísticos significativos, sin mencionar los recursos necesarios para ello.
En COPARMEX hemos alzado la voz, proponiendo un consenso para fortalecer la carrera judicial, enfocándonos en el mérito y la formación continua. Es crucial que el desempeño de los jueces sea evaluado periódicamente y que se colabore con organismos internacionales para asegurar que los estándares de independencia judicial se mantengan elevados, soberanos y libres de presiones externas.
Instamos a los legisladores a reflexionar sobre los riesgos de esta reforma, asegurando que quienes ocupen tan alta responsabilidad sean aquellos con mayor mérito técnico y profesional. Coincidimos en la necesidad de una reforma, pero esta debe ser integral para mejorar el acceso pronto y expedito a la justicia para todas las personas, sin distinciones, especialmente para quienes han visto vulnerados sus derechos o han sido excluidos.
Sin embargo, la iniciativa, tal como fue presentada, está lejos de lograr ese objetivo. Las y los empresarios vemos riesgos en estas decisiones sin consenso, sin pluralidad y, sobre todo, sin una propuesta fundamentada que escuche las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad. Porque la justicia debe ser para todos. #OpiniónCoparmex
