Por Mtro. Guillermo Torres Quiroz / Presidente del Comité de Propuesta Política de COPARMEX
Las leyes electorales en México son ambiguas y confusas, lo que es un ejemplo de que nuestra democracia sigue siendo incipiente. Como una tradición no escrita, después de cada proceso electoral se realizan modificaciones para mejorar situaciones inesperadas o para cumplir caprichos políticos.
Una de las reformas de mayor fondo político fue la de 1977, producto de la elección presidencial del año anterior, en la que José López Portillo fue candidato único. La creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) moldeó una de las figuras clave, aún vigentes hoy en día: los diputados de representación proporcional (plurinominales), que actúan como espacios para las minorías electorales. La Cámara de Diputados pasó a tener 400 miembros, 300 de mayoría relativa y 100 con la nueva figura. La pluralidad fue el argumento central.
En las elecciones federales de 1979, el PRI obtuvo 296 diputados (todos de mayoría), el PAN 43 diputados (4 de mayoría relativa y 39 plurinominales), y el resto de los espacios de representación proporcional se repartió entre el Partido Comunista Mexicano, con 18; PPS, 11; PST, 10; PDM, 10; y el PARM, con 12 diputados. La lógica jurídica establecía que solo se asignaban diputados de representación proporcional a los partidos que obtuvieran menos de 60 escaños. La ley partía del supuesto de que existía un partido hegemónico, pero era necesario, aunque solo fuera simbólicamente, dar espacios a la oposición, en especial a la izquierda partidista, que había sido marginada en México.
Nuevamente, se realizó una reforma electoral en 1986. Para dar una mayor representación federal, se aumentó a 200 el número de diputados de representación proporcional y se crearon cinco regiones conocidas como circunscripciones. Ningún partido político podía tener más de 350 diputados (70% de la Cámara), aun cuando obtuviera un porcentaje de votos superior a ese límite.
Sin embargo, en la reforma electoral de 1990, se instrumentó nuevamente una figura para sostener la hegemonía del partido único. Después de que en 1988 el PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, regresó la llamada “cláusula de gobernabilidad”, que consistía en que al partido que obtuviera el mayor número de constancias de mayoría se le otorgaba la asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara. Al partido que obtuviera al menos el 35% de la votación nacional se le asignaban dos diputados de representación proporcional, adicionales a la mayoría absoluta, por cada 1% de la votación obtenida por encima del 35% y hasta menos del 75%.
La reforma de 1990 provocó la creación de un organismo autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de organizar las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo: el Instituto Federal Electoral. Aunque presidido por el secretario de Gobernación en calidad de consejero y representante del Poder Ejecutivo, contaba con seis consejeros magistrados, nombrados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo, con una duración de 8 años.
La reforma electoral de 1996 fue muy discutida y polémica. La oposición peleó por la autonomía del IFE y por el tema de la sobrerrepresentación. Ningún partido político puede tener más de 300 diputados por ambos principios, así como una participación de diputados mayor en 8% a su porcentaje de votación a nivel nacional, excepto si un partido obtiene esa diferencia en escaños mediante triunfos en distritos de mayoría relativa. Este criterio, que se plasmó en la vía constitucional, sigue vigente, aunque no se ha actualizado a la realidad. Es ahí donde la autoridad electoral tendrá un papel histórico.
Se han presentado una gran cantidad de argumentos jurídicos y políticos que demuestran que nuevamente se puede dar un abuso por parte de quien ejerce el poder. La resolución podría cambiar el rumbo de la historia. #OpiniónCoparmex
