Por José Medina Mora / Presidente Nacional de COPARMEX
Después de un desordenado y apresurado proceso legislativo, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial y la envió a los congresos estatales, de los cuales 17 lo aprobaron de forma inmediata, sin discusión, para regresarlo al Congreso, que lo enviará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior implementación.
Sin duda, la forma en que se desarrolló este proceso nos parece preocupante, pues, ante un cambio tan importante para el país, hubo demasiada prisa. La discusión y votación se llevaron a cabo en sedes alternas, se presionó a los legisladores y no se abrió el diálogo ni se aceptaron propuestas de otros grupos sociales, de trabajadores del Poder Judicial ni de representantes de los partidos de oposición.
También es cuestionable el papel de los congresos estatales, que tampoco asumieron la responsabilidad de analizar y discutir una reforma de este tipo antes de aprobarla, votándola de forma casi inmediata. El caso más lamentable es el del Congreso de Oaxaca, que, a tan solo unas horas de que el Senado aprobara la reforma, tuvo una sesión de solo seis minutos para realizar la votación, sin discusión.
Aunque es claro que México necesita una reforma judicial para mejorar el acceso a la justicia, la reforma aprobada no contempla temas tan necesarios como el fortalecimiento de la carrera judicial, la mejora de las condiciones y procesos en los poderes judiciales estatales, ni la modificación de las fiscalías, entre otros.
Por el contrario, se concretó una reforma que, por un lado, nos deja con un cambio de régimen político, al debilitar al Poder Judicial, que era uno de los contrapesos institucionales más sólidos en nuestra democracia, y propiciar la concentración de poder en el Ejecutivo. Por otro lado, existe un gran riesgo de perder la imparcialidad y el profesionalismo en el perfil de los jueces, magistrados y ministros al ser electos por elección popular, lo cual afecta tanto la dinámica política nacional como nuestra relación con otros países e incluso acuerdos internacionales tan relevantes como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que claramente establece en su anexo 23 el compromiso de contar con tribunales independientes para resolver controversias laborales.
Ante el complicado escenario político actual, en COPARMEX consideramos que es indispensable retomar el diálogo, la construcción de acuerdos y la atención a los diversos desafíos que enfrentamos de forma conjunta. Tan solo en materia económica, México ahora está en una posición estratégica para impulsar el nearshoring y atraer más inversiones que detonen nuestro potencial. Sin embargo, con economías totalmente integradas a nivel global, tomar decisiones antidemocráticas nos deja en una posición riesgosa. Ese no es el camino para lograr mayor crecimiento económico ni confianza en nuestra nación.
Estamos convencidos de que la división y la polarización no son la solución, y hacemos un llamado a que no se tomen más decisiones tan relevantes de manera apresurada y sin valorar las diversas ideas y perspectivas. Asimismo, necesitamos que nuestros representantes en los poderes públicos desempeñen un mejor papel, atendiendo las necesidades y demandas de sus representados.
México es una nación plural, y en una verdadera democracia se dialoga y se construye entre diferentes; todos debemos aportar. Para lograr un mejor México hacia el futuro, necesitamos poner el diálogo al frente.
