Por: Lorena Jiménez Salcedo

Presidenta de Coparmex Querétaro

La estrategia de los encargados de la salud de los mexicanos a nivel federal, de culpar a los enfermos de Covid-19 de haber mantenido durante años malas dietas alimentarias se queda muy corta a la luz de los efectos que la pandemia está generando.

Claro que la responsabilidad de esas cifras alarmantes de obesidad y diabetes es de todos, pero lo es en particular de aquellos que son los encargados de implementar políticas públicas que favorezcan la salud de todos los mexicanos.

Pareciera que el gobierno se ha vuelto experto en satanizar a todos menos a sus responsables legales. Así, la culpa del feminicidio es de las mujeres, y el de la alta tasa de contagios y fallecidos por Covid es de los refrescos y las golosinas. La culpa es del pasado, de los “otros”, de múltiples factores ajenos a la esfera de gobierno.

De ahí, la imperiosa urgencia por regular en los congresos locales la venta de bebidas azucaradas y dulces, lamentablemente suena más a una acción política que a un mecanismo de fondo y con altura de miras, el ejemplo es la recién aprobada ley que prohíbe la venta de estos productos a menores de edad en Oaxaca.

Porque, si bien, es urgente encontrar una solución integral al consumo de azúcar y sus efectos en la salud pública, no existió una evaluación científica que apoye el curso de acción e impacto que tendrá la iniciativa promovida por los legisladores de Morena en los congresos locales de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Colima.

Como bien lo preguntó el profesor del ITAM, Rodolfo de la Torre, en un tweet del pasado 7 de agosto, no sabemos si la nueva ley ataca o no un problema de salud y, de hacerlo, ¿podrían decirnos los legisladores oaxaqueños que porcentaje del problema de obesidad ataca? ¿cómo se vigilará que la iniciativa sea efectiva? ¿está respaldada en una política integral de hábitos saludables?

No creo que los legisladores tengan estas respuestas porque de lo contrario estarían incluidas en dicha ley o en la política pública impulsada por el gobierno estatal de Oaxaca, pero no lo están.

El problema no es la aparente buena intención de la acción legislativa, sino que en este país se sigue legislando al vapor iniciativas que carecen de una eficacia social y claridad sobre los desafíos de su puesta en práctica.

Por ello, creo en un parlamento abierto en cada legislatura local. Es necesario que los legisladores y los responsables de la salud abran espacios de diálogo con la industria alimenticia para construir en conjunto esas políticas públicas que ayuden a mejorar los hábitos alimenticios de los mexicanos, de no hacerlo así, viviremos en el imperio de la simulación o de la letra muerta, y continuaremos perdiendo valioso tiempo satanizando al enfermo, en lugar de encontrar la cura.

Bajo este contexto, es importante reconocer el esfuerzo que están haciendo muchas empresas por mejorar sus procesos con el objetivo de abonar a este tema. El papel de la industria alimenticia, como de los pequeños comercios es vital para la economía de nuestro país, pues además de pagar impuestos son generadores de miles de empleos.

En conclusión: es urgente mejorar la salud de los mexicanos, en especial la de los niños, atacando el problema de raíz, no por encimita. La prohibición nunca ha sido la solución, porque promueve la ilegalidad. La solución es una cultura de prevención, salud y bienestar. Las medidas deben pensar en la salud, pero también en la economía de los mexicanos y perjudicar al microempresario tampoco es la solución.