Por Laurence Pantin
Las palabras no son inocuas, y más cuando emanan de la cabeza del Estado. La semana pasada tuvimos una demostración de ello.
El 1 de marzo, el presidente de la República hizo responsable a la presidenta del Poder Judicial de la Federación, la ministra Norma Piña, de las resoluciones de distintos jueces a favor de presuntos delincuentes.
Estas declaraciones demuestran, en primer lugar, que el presidente desconoce el significado de la independencia judicial. Ésta consiste en que los juzgadores tomen sus decisiones con base en los hechos y el derecho, y no bajo presiones de cualquier naturaleza: políticas, económicas o mediáticas, ni mucho menos provenientes de la jerarquía de la institución a la que sirven. Es decir, quien preside un poder judicial debe abstenerse de influir en las decisiones de los jueces de menor jerarquía. Criticar a Norma Piña por no intervenir en las decisiones de los juzgadores federales es echarle en cara hacer bien su trabajo.
Lo más grave es que, a las pocas horas de estas declaraciones, desde una cuenta de Twitter se publicó una clara amenaza a la vida de la ministra Piña. Esto es inaceptable y debe preocuparnos, sobre todo en el contexto de agresiones a los juzgadores que caracteriza al país.
En lo que va del sexenio fueron asesinados un juez federal –Uriel Villegas, asesinado en junio de 2020 en Colima– y un juez local de Zacatecas –Roberto Elías Martínez, en diciembre del año pasado–, presuntamente en represalia por sus resoluciones.
México tiene fama de ser uno de los países más peligrosos para los periodistas y para los defensores de derechos humanos. Pero poco se habla de las amenazas que pesan sobre los juzgadores, y que menoscaban la independencia judicial y el Estado de derecho.
El presidente afirma que los juzgadores que liberan a presuntos delincuentes son corruptos, pero ¿cómo saber si la decisión de un juez es la correcta si no se tiene acceso al expediente? Muchas veces existen fallas en las investigaciones de las fiscalías, que obligan a los jueces a liberar a presuntos delincuentes. Pero incluso si se puede determinar que la decisión de un juzgador fue incorrecta, eso no necesariamente significa que sea corrupto. Podría tratarse de un juez amenazado.
No estoy diciendo que no hay jueces corruptos. Claro que existen, pero estoy convencida de que la mayoría de las y los juzgadores en este país son personas honestas y con vocación. El problema es que, en la actualidad, no se cuenta con datos sobre las amenazas y agresiones que experimentan estos servidores públicos y sus equipos en México.
Precisamente por ello, desde el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, estamos realizando una investigación para entender el fenómeno de los riesgos que enfrenta el personal jurisdiccional, y proponer soluciones para protegerlo. Y el tema parece ser relevante para los poderes judiciales, pues 18 de ellos ya nos han confirmado su participación en este proyecto.
No podemos quedarnos callados frente a las desafortunadas expresiones del presidente, que podrían llegar, algún día, a tener consecuencias irreparables. En este ámbito, el presidente no es un ciudadano como usted y yo. Tiene una investidura, y con ella viene una responsabilidad. Cuando critica o acusa a alguien de algo, esta crítica tiene un gran peso, porque parece que viene del Estado mismo.
Por ello es irresponsable que el presidente realice este tipo de declaraciones, sea en contra de periodistas, juzgadores u opositores. López Obrador debe recordar que es el presidente de todos, no solamente de sus seguidores.
*Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Agradece la revisión de Pablo García.
