Obtener ingresos le preocupa al gobierno. En noviembre de 2019, se reformó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal y el Código Penal Federal. Dentro de las modificaciones se incorporó como “amenazas a la Seguridad Nacional” a los delitos de contrabando, defraudación fiscal y delitos relacionados con comprobantes fiscales (facturas). Con ello, si se presumía la existencia de alguno de estos delitos, los presuntos culpables podrían ser encarcelados sin pruebas. La semana pasada, la Suprema Corte invalidó las disposiciones que calificaban diversos delitos como de prisión preventiva oficiosa y delincuencia organizada.
La OCDE publicó una actualización de estadísticas tributarias para la región de Latinoamérica. La recaudación de impuestos en México (17.9% del PIB) estuvo por debajo del promedio de la región (21.9%) y lejano del promedio de países de la OCDE (33.5%). Ante este escenario, el gobierno ha impulsado una serie de medidas para hacerse de recursos. Los programas sociales no se pagan solos. Además de la estrategia implementada por el SAT para cobrar y auditar a los grandes contribuyentes, el gobierno ha impulsado reformas fiscales y penales como la mencionada reforma que atentan contra las libertades y derechos fundamentales.
La Suprema Corte también reconoció como delito el expedir, enajenar, comprar, o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados (factureras). Esto quiere decir que el catálogo de delitos contra el fisco continúa creciendo. La intención de recaudar más es buena, la ejecución para lograrlo fue mala. El pedir prisión preventiva oficiosa para encarcelar más fácil, abre la puerta a una figura que permite encarcelar sin pruebas y fabricar culpables. A esto, hay que añadir que el acceso a la justicia es limitado para la población más pobre y vulnerable.
La invalidez declarada por la Corte no fue unánime. Para algunos ministros, las factureras sí pueden ser una amenaza a la Seguridad Nacional. Para otros, la intención de la reforma fue imponer la prisión automática y no hay duda de que eso era lo que buscaban los legisladores. En todo caso, las medidas para recaudar más podrían haber sido mejor diseñadas: aumentar la base de los contribuyentes, disminuir la informalidad, aplicar sanciones dependiendo el tipo de contribuyente y mejorar la gestión del SAT.
En un tema que podría parecer ajeno e intrascendente para muchas personas, realmente nos estamos jugando libertades y derechos fundamentales para todos. El fondo de este asunto no son los delitos fiscales, sino la presión preventiva oficiosa.
La Corte tuvo la oportunidad de atacar esta figura jurídica y establecer que siempre tendría que haber una debida justificación para que alguien pise la cárcel. Desafortunadamente, en México sigue siendo constitucional que la mera sospecha de cometer alguno de estos delitos (art. 19 constitucional) te lleve a la cárcel. Por lo pronto, la figura de la prisión preventiva oficiosa sigue más viva que nunca.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
