Por Blanca Lilia Ibarra Cadena
En el mundo, alrededor de 4 mil 200 millones de personas han experimentado un deterioro a su libertad de expresión en los últimos cinco años. De acuerdo con el Informe Global de Expresión 2024 publicado por Artículo 19, el 53 por ciento de la población del mundo vive en contextos en donde la libertad para expresarse, opinar, comunicarse y acceder a la información se considera en crisis.
Artículo 19 informó que, en los últimos veinte años, la libertad de expresión, el acceso a medios de comunicación libres y la participación en elecciones se han deteriorado. Este declive global, en palabras de Quinn McKew, directora ejecutiva de esa organización internacional, está vinculado a políticas nacionales que justifican el debilitamiento de las libertades por razones de seguridad nacional, seguridad pública o cuestiones relacionadas con la moral.
En el panorama nacional debemos estar en alerta ante los desafíos que enfrentamos en el ejercicio de nuestras libertades, específicamente en lo relativo al acceso a la información y la libertad de expresión. Me refiero, por ejemplo, a las campañas de desinformación, a la polarización de la narrativa pública, a las violencias a las que son sujetos los y las profesionales del periodismo, y a uno de los peligros más desafiantes: la estigmatización del disenso; si bien disentir es parte de la vida democrática, ahora, se ha convertido en razón para ser reducido al aislamiento profesional y social.
Otro dato para que dimensionemos lo que advierte el reporte es el referente a la catalogación de nuestro país como uno de los más peligrosos y mortales del mundo para las y los periodistas. México se encuentra en el lugar 121 de 180 del Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras; un análisis en el que se identificaron elementos como la desacreditación del ejercicio periodístico y la amenaza constante a la integridad del periodista que da cobertura de temas políticos y de seguridad pública.
En ese contexto, fortalecer el ejercicio del acceso a la información pública puede fungir como una vía que promueve la labor periodística libre y responsable, por lo que resulta fundamental que las autoridades continúen cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y lo establecido en la normativa en la materia: la transparencia no resulta un problema, sino una ruta genuina para contribuir en su indispensable labor. Sin duda, el derecho a saber y la transparencia son herramientas socialmente útiles para contrarrestar las tendencias que limitan la participación de la ciudadanía en las decisiones.
Por ello, en el Instituto Nacional de Transparencia estamos convencidos de que cuando protegemos e impulsamos la libertad de expresión, garantizamos el conocimiento de las sociedades, su libertad de pensamiento y su participación en los espacios y en la deliberación pública, tan necesaria en la democracia. Seguiremos trabajando a favor de ella, desde la consolidación de la cultura de la transparencia y el ejercicio del derecho a saber de toda sociedad, como vías que contribuyen a consolidar un espacio de diálogo más equitativo entre la población y su gobierno.
No lo olvidemos: sin libertad de expresión, no hay democracia, ni existe la posibilidad de abrir espacios para la manifestación del descontento, la mediación y el establecimiento de acuerdos: la libertad de expresión es indispensable para ejercer otras libertades y derechos. Sabemos que las democracias son sistemas que deben aspirar al cambio constante; adaptarse a las necesidades y a las exigencias de la sociedad que las sostiene, objetivos que sólo podremos cumplir mediante la construcción de un entorno seguro y abierto para expresarnos libremente.
Comisionada el INAI
@bl_ibarra