Por Ixchel Beltrán*
En la vida de las mujeres con empleos remunerados, la maternidad resulta un hito para que los abandonen, sus ingresos se reduzcan o se incorporen a la informalidad, priorizando la flexibilidad de tiempo, sacrificando ingresos y acceso a protección social. A este efecto se le ha llamado maternity penalty.
México no es la excepción, la maternidad resulta un factor de deterioro de las condiciones laborales de las mujeres y a esta situación se le suma la discriminación laboral por género. Las consecuencias de estas condiciones inciden incluso en la alimentación y crianza de sus hijas e hijos, existe evidencia que señala que llevar a cabo un trabajo remunerado fuera de casa y la incorporación temprana al trabajo son algunas de las principales razones para no iniciar o abandonar precozmente la lactancia materna.
La protección de la maternidad y paternidad es un derecho humano y un elemento indispensable de las políticas integrales de trabajo y familia que promueven un círculo virtuoso, como la salud materno-infantil, el bienestar familiar, la equidad de género y la construcción de sociedades menos violentas. El Estado debería responder a esta necesidad de protección mediante dos formas:
1.- Licencias de maternidad, paternidad y parentales, es decir, permisos de ausencia del medio laboral relacionados con el nacimiento o adopción de una niña o niño para su cuidado y crianza.
2.- Políticas de apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo para amamantar, extraerse leche, descansos o regulaciones sobre salas de lactancia, teletrabajo, entre otras.
Las licencias de maternidad resultan clave para incrementar las posibilidades de amamantar de forma exclusiva e incluso extender la duración de la lactancia, incrementar las tasas de inmunización, reducir el estrés en las madres trabajadoras, incrementar el desarrollo cognitivo de niñas y niños, fomentar el apego seguro y disminuir la mortalidad infantil. Asimismo, licencias más generosas están asociadas a un menor riesgo de caer en situación de pobreza entre las familias. Además de que los empleadores también se ven beneficiados, pues incrementan la satisfacción y el compromiso laboral, reducen el ausentismo laboral por enfermedad de hijas e hijos, incrementan el retorno laboral postparto, y retienen el talento de mujeres competentes y con experiencia laboral.
En México, por ley, las empleadas no deben realizar ningún trabajo remunerado durante los periodos pre y posnatal. En el artículo 123 de la Constitución Política mexicana y otras leyes secundarias, como la Ley Federal del Trabajo (artículo 170) o la Ley del Seguro Social (artículo 101), se establece una duración de 12 semanas de la licencia y sólo aplica a mujeres con empleo formal.
Esta duración resulta ser menor a lo recomendado por organizaciones internacionales, que señalan deben ser mínimo de 18 semanas (Recomendación 191 de la Organización Internacional del Trabajo) e idealmente de 26 semanas (según la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). Por otra parte, en contraste con los países del continente americano, México resulta ser uno de los países con menor duración de esta licencia, aproximadamente el 60% de los países de América cuentan con duraciones mayores de licencias de maternidad que México (ver imagen).
Contraste de la duración de licencias de maternidad en América
Fuente: Elaboración propia a partir de Koslowski, et al., 2021; OIT, 1998; Jiménez, 2021; ONU Mujeres-SEGIB, 2019; GIRE, 2017; WORLD Policy Analysis Center, 2021.
La última reforma al artículo 123 constitucional se llevó a cabo en 1974, estoy segura de que estas modificaciones fueron producto de una lucha por los derechos de las mujeres, sin embargo, a casi 50 años de esas modificaciones, el contexto cultural y laboral en México ha cambiado:
La tasa de participación femenina se incrementó en más de 28.7 puntos entre 1970 y 2022, pasando de 16.4 a 45.1 en el tercer trimestre de 2022.
Se evidenció la distribución desigual del trabajo no remunerado, mostrando que en promedio las mexicanas destinan más de 6 horas diarias a este frente a las 2 horas que destinan los hombres.
También se presentó un crecimiento de los hogares uniparentales femeninos, en los que sólo con un ingreso se deben cubrir los gastos de los hogares, que aunado a la alta inflación y la brecha salarial entre hombres/mujeres y mujeres madres/no madres, representa un reto e incrementa las probabilidades de encontrarse en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Las altas tasas de informalidad también son problemáticas que no se han logrado reducir.
Por otro lado, resulta clave el cambio cultural que ha ocurrido impulsado por el incremento de la escolaridad en las mujeres, la dispersión de ideas feministas, la disminución del número promedio de hijos por mujer, modificación de los roles tradicionales de género, el cambio en los tipos de familias, la importancia de la corresponsabilidad de cuidados dentro de los hogares que poco a poco se ha evidenciado, la necesidad de impulsar Sistemas de Protección Social destinado a la corresponsabilidad de cuidados y campañas para contribuir a que la sociedad, y los hombres en particular se involucren en la crianza y cuidado de las niñas, niños y quienes lo necesiten.
Estos elementos son parte de las razones por las cuales el Pacto por la Primera Infancia ha trabajado por ampliar la licencia de maternidad a madres que cuentan con empleo formal a 24 semanas, mediante una reforma al Artículo Constitucional 123, y las modificaciones a leyes secundarias. Somos conscientes de que el cuidado y crianza de las niñas y niños no es un tema que sólo debe enfocarse en las mujeres, sin embargo, sabemos que en la actualidad todavía somos quienes suelen llevar a cabo estas tareas.
Los tiempos han cambiado y el momento para hacer algo ha llegado, necesitamos más semanas de licencias de maternidad, necesitamos más semanas de licencias de paternidad, necesitamos un mecanismo que funcione como licencias de maternidad a mujeres con empleo informal, necesitamos que la sociedad se dé cuenta de que la crianza de niñas y niños es un tema que nos compete a todas y todos, debemos ser conscientes de que es necesario exigir que nuestras leyes se modifiquen y miren hacia el futuro. El Presidente, así como las y los legisladores, tienen la oportunidad de sentar un precedente histórico, ¿lo harán?
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* Ixchel Beltrán es Investigadora en el Pacto por la Primera Infancia | @Pacto1aInfancia
