Por Ana Lilia Moreno
En nuestra entrega anterior, procuramos mostrar cómo la transición energética a nivel nacional (y global) pasa por el éxito (o no) del proceso a nivel local. Y pusimos como ejemplo a Guanajuato, un estado que para nuestros fines de análisis resulta muy interesante. Si bien la entidad continúa posicionándose como como un atractivo para las inversiones –con una calificación estable (AAA.mx estable de Moody's Local)–, para el tercer trimestre de 2023 los datos oficiales la ubican en la 11a posición en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Todo esto es importante en términos de transición energética, y demuestra que la entidad necesita mayor visibilidad en el espectro de oportunidades de inversión.
En todo caso, Moody's destaca que Guanajuato se podría beneficiar del nearshoring si, además de gestionar su gasto eficientemente, tener buenos parques industriales, y servicios de logística modelos, seguros y eficientes, contara con más infraestructura. Según nuestro análisis (y en esta entrega de El Sextante profundizamos en él), la entidad registra datos impresionantes, como el crecimiento de 18.4% en su capacidad de centrales generadoras de energía limpia privada y de 1,500% en capacidad de generación distribuida, en tan sólo cinco años.
Por parte del Gobierno federal sí existe, al menos en los presupuestos, un interés en contribuir a fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución en Guanajuato. Según datos recopilados por el Senado de la República, observamos que la cartera de inversión federal destinada a electricidad vía la CFE se incrementó 18 veces entre 2018 y 2022, cuando alcanzó un presupuesto de 14.9 mil millones de pesos. El 58% de estos recursos se destinaron a modernizar el sistema de líneas de transmisión y distribución. Una erogación que, en principio, sí contribuye a avanzar en materia de transición energética, pero con los datos más recientes disponibles (2019), Guanajuato enfrenta un pronóstico de déficit energético de 9,800 GW para 2030. Habría que actualizar y transparentar los datos del balance energético estatal.
Asimismo, habría que revisar más a fondo los recursos de la cartera de inversión de Guanajuato destinados a dar mantenimiento y reconfiguración a la refinería de Salamanca. Entre 2016 y 2022 la entidad recibió aproximadamente 27 mil millones de pesos, recursos que se planean y autorizan desde la Federación desde una perspectiva corporativa y de política energética federal que no toma en cuenta la opinión de la autoridad local.
El tema no es menor: con información del Gobierno del estado, Salamanca y la termoeléctrica de CFE contribuyen más del 80% de las emisiones de dióxido de azufre en el estado, mismo que encabeza la lista de las entidades más contaminantes del país, con los datos públicos disponibles (2015-2018), que ojalá estuvieran más actualizados.
Guanajuato se esfuerza por promover iniciativas como el reciente lanzamiento de una plataforma digital para informar sobre sus diversas políticas y programas para combatir el cambio climático, y acciones concretas como la entrega directa de calentadores solares a viviendas, y la incorporación de 44 hospitales públicos al programa Hospitales Verdes. Sin embargo, todos estos esfuerzos palidecen ante la ausencia de iniciativas específicas de Pemex y de CFE para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en Guanajuato.
Los invitamos, amables lectores, a suscribirse a El Sextante, con el cual hacemos un seguimiento de la transición energética en diferentes entidades federativas.
Coordinadora del programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.
