Si partimos de los recientes datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de este trimestre y del informe presentado por el gobierno federal, respecto de la reducción tanto de la percepción de inseguridad en las zonas urbanas como de los delitos en el país, podríamos concluir que aún faltan muchos esfuerzos para disminuir la inseguridad en México.
De acuerdo con la ENSU, las ciudades violentas son Fresnillo (94.2% consideró que vivir en la entidad es inseguro), Ecatepec de Morelos (89.9%), Cuernavaca (87.8%), Gustavo A. Madero (86.4%), Uruapan (86.3%) y Guadalajara (86.1%) y en contraste las menos violentas fueron San Pedro Garza García (8.2%), Tampico (25.2%), San Nicolás de la Garza (26.2%), Los Cabos (26.2%), Piedras Negras (29.4%) y Mérida (8.2%).
Es un hecho irrefutable que la inseguridad es hoy por hoy uno de los problemas principales a nivel país que debe resolverse, como se puede constatar en el informe Amlómetro de junio 2021. Después de la economía y en los mismos niveles, la seguridad es un tema que más aqueja a los ciudadanos y que en mayor medida esperan resultados del gobierno federal, estatales y de las autoridades municipales, éstas últimas quizá las más rebasadas por sus múltiples carencias en materia de seguridad pública.
Desde septiembre de 2013 que se muestran datos de la ENSU, las mujeres siempre han sentido mayor percepción de inseguridad que los hombres. Tan sólo en junio de 2021, 71.3 por ciento de las mujeres se sienten inseguras en su ciudad frente a 60.9 por ciento de los hombres. Este dato es alarmante ya que vemos que ninguna estrategia de seguridad desde 2013 ha logrado cerrar esta brecha de género.
Pero no hay que perder de vista un dato relevante sobre la percepción de confianza que se registra, al entrevistar a las mujeres (71.3 por ciento se siente insegura), pues este número continúa siendo mayor respecto al de los hombres (60.9 por ciento).
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de este año los delitos como el homicidio doloso han descendido en casi 3.5 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. Aunque, a la luz de los mismos datos oficiales, habría que decir que los asesinatos alcanzan ya en la actual administración más de 91 mil casos, de tal forma que en promedio se registran en el país 98 muertes de este tipo al día.
Así que lamentablemente es un hecho evidente que la criminalidad continúa causando en México víctimas y más víctimas. Veamos, por ejemplo, las mismas cifras oficiales dan cuenta de que en el territorio nacional, el feminicidio aumentó en 3.3 por ciento en el primer semestre del año, mientras que los casos de violación aumentaron 32 por ciento. Así, los casi cien homicidios diarios, el feminicidio y la operación de grupos criminales en el país nos coloca en el tope de naciones con mayores niveles de inseguridad.
En el caso de las mujeres, los resultados de la ENSU muestran que en general la disparidad de las agresiones entre mujeres y hombres es significativa si consideramos que solo el 6.9% de los hombres mayores de 18 años enfrentó alguna situación de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos frente a 24.7% de agresiones que sufrieron las mujeres. Destacando León, Tonalá y alcaldía Cuauhtémoc como las ciudades más altas en acoso y/o violencia sexual hacia las mujeres y en contraste Nuevo Laredo, Reynosa y San Pedro Garza García como las de menor índice.
No hay alguien que apueste al fracaso de la seguridad. A todos nos gustaría saber y percibir que efectivamente la delincuencia está siendo controlada por las fuerzas del orden y bajo una política criminal definida de largo aliento, pero no hay a la vista una estrategia que nos permita asegurar que el fenómeno de la criminalidad podrá ser contenida a corto o mediano plazo. Desgraciadamente la realidad nos golpea día con día al enterarnos de homicidios o masacres, de zonas y territorios ocupados por bandas criminales, feminicidios, secuestros, los llamados cobros de piso y extorsiones, asaltos y robos al por mayor.
En este contexto, las autoridades federales, lo mismo que los gobiernos estatales y federales, aún deben mucho a los ciudadanos en su compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad para todos.
Para completar un cuadro aún de mayor conflicto, las fiscalías generales de justicia Federal de la República y estatales mantienen un papel poco efectivo para abatir la impunidad y castigar a delincuentes, especialmente a aquellos pertenecientes a grupos criminales. Fiscales, jueces y magistrados del orden federal y estatal se suman a la lista de pendientes para alcanzar la meta de lograr no sólo un país en calma, sino el abatimiento de la impunidad y una impartición de justicia clara y expedita. Así, la pregunta sigue en el aire: ¿Qué cambios necesitamos para contar con una estrategia para alcanzar niveles óptimos de seguridad y justicia?
