La definición de sicario según la RAE es “asesino a sueldo” y en eso se han convertido los pseudo legisladores de Morena su misión desde septiembre ha sido aniquilar nuestros derechos humanos, intentan exterminar nuestras instituciones y eliminar todos los contrapesos al poder público del estado.

La venganza judicial derivó de la furia de AMLO que jamás le perdonó a la SCJN la “arrogancia de sentirse libres” y anular sus excesos legislativos y abusos de poder al conceder amparos a los ciudadanos que en algún momento se opusieron a sus elefantes blancos, combatieron sus ideas retrógradas en materia energética o su militarización exacerbada.

Esa misma suerte corrieron esta semana los organismos autónomos que como contrapeso independiente le acotaron sus múltiples sandeces, en especial el INAI, a quien tampoco le perdonó la “arrogancia de sentirse libre” al desmontar en múltiples ocasiones sus mentiras detrás de la clasificación de información que supuestamente siendo reservada por razones de seguridad nacional ponía en riesgo los negocios de sus hijos o exhibía las mentiras del mundo irreal de los “otros datos”.

Tanto la SCJN, como el INAI y la prensa libre fueron obstáculos para las mentiras, caprichos megalomaníacos y propaganda política de adoctrinamiento chairo de todas las mañanas. En un régimen de mentiras sin resultados la percepción lo es todo, y todos los organismos y poderes autónomos del Estado mexicano son una amenaza visible al desnudar la realidad detrás de los abrazos al narco con más muertos que en cualquier sexenio anterior, el fracaso del INSABI, el desabasto de medicinas, el peor crecimiento económico en 36 años y las inéditas pérdidas en Pemex por mencionar solo algunos casos.

La supuesta simplificación administrativa que en los hechos no fue más que la mutilación administrativa de los últimos eslabones de contrapeso político además de este congreso y la prensa libre que le quedan al estado mexicano, es en los hechos otra reforma más contraria al principio de progresividad previsto en el artículo 1 de nuestra constitución.

Los organismos constitucionalmente autónomos son enclaves de los derechos de los mexicanos, pues garantizan la neutralidad, imparcialidad y garantía técnica y de profesionalismo en tareas estratégicas del quehacer público. Son valladares de nuestros derechos que evitan aplican de criterios o políticas públicas basadas en opiniones o preferencias personales, dan certidumbre y transparencia en la toma de decisiones y garantizan que no existan sesgos políticos o partidistas en las materias de su competencia más allá de los definidos por la legislación aplicable.

Por ejemplo, el INAI garantiza nuestros derechos a la información y el manejo ético y escrupuloso de nuestros datos personales. Sin él con cambio propuesto, la transparencia y el derecho a saber cómo y en qué se gastan los gobiernos nuestros impuestos, quedará resumida a la caprichosa decisión de 1 solo funcionario con el enorme riesgo de que en el futuro ese ejercicio ciudadano esté supeditado a criterios políticos.

Es una visión común de los gobiernos no democráticos regatear información a la prensa libre y a los ciudadanos pues se infiere apriorísticamente que las solicitudes tienen un dolo inherente y que dicha información será utilizada para “golpear” al partido en el gobierno. Es bajo esa premisa que se suele regatear toda información pública que se teme genere controversia o podría exhibir deficiencias, inconsistencias u omisiones de servidores públicos.

Máxime ahora en un país donde casi toda la obra pública y muchos de los servicios y adquisiciones son administrados por las fuerzas armadas, el riesgo de que la tan citada “seguridad nacional” cancele cualquier posibilidad de acceso a la información sin una autoridad que confirme o revoque de manera independiente ese criterio es enorme e inminente.

Oootro retroceso más es la desaparición de la Cofece eliminando toda garantía de libre competencia y concurrencia sin existir ninguna autoridad autónoma que prevenga, investigue y combata monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones y demás restricciones para el funcionamiento eficiente d ellos mercados.

Manejar el combate a los monopolios o las telecomunicaciones con los criterios sesgados y políticos con los que Morena pretendió por ejemplo manipular los contenidos de los libros de texto gratuitos y adoctrinar ideológicamente desde las plataformas de conocimiento es una pésima receta de cara a la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Cancelar la evaluación autónoma, profesional e independiente de la política social es una invitación a una barra libre de populismo del bienestar sin indicadores, parámetros, transparencia y evaluación que permitan mejorar los programas y focalizar estrategias para obtener mejores resultados. Todo eso han matado las balas legislativas de Morena y sus aliados