El Presidente ha añadido una nueva categoría a su iniciativa para desaparecer el Poder Judicial de la Federación y que ministras, ministros de la Corte, magistradas, magistrados, juezas y jueces, sean elegidos por voto directo y secreto. Esta nueva categoría refiere que quienes recién egresen de las Facultades, puedan competir en las elecciones que quiere imponer, para estos nuevos nombramientos.
Los jóvenes tienen ideales dice, y lanza desde el púlpito de la mañanera que entre más experiencia se tiene, se adquieren más trucos y más mañas, y entonces envió esta “corrección” a su propia iniciativa para quitar el requisito de que quienes “compitan”, tengan 5 años mínimo de experiencia. La “gente mayor” tiene un pensamiento preconcebido. Ser jóvenes es una garantía de incorruptibilidad, aseveró este señor de 70 años.
Y la pregunta es obligada: ¿por qué no pensó esto cuando integró su gabinete? Por ejemplo, Manuel Bartlett tiene 88 años. Octavio Romero tiene 66 años. Rogelio Ramírez de la O tiene 84 años. El General Luis Cresencio Sandoval tiene 64 y su colega de la Marina tiene 70 años. Su equipo está arriba de los 60s.
¿El desastre en materia de salud derivó porque el secretario de Salud Jorge Alcocer tiene 78 años? ¿Un joven hubiera prevenido las muertes por Covid? Un joven hubiera evitado que niñas y niños muriesen por falta de sus tratamientos contra el cáncer, o todo el sector salud tuviese medicinas? ¿La edad del Presidente explica la crisis en los hospitales del sector salud? O esgrimir la edad es otro distractor para mantener el discurso fuera del análisis objetivo de las amenazas reales contra uno de los tres Poderes de la Unión.
Porque hablando con seriedad, los y las mismas juzgadoras señalan con precisión los problemas que deben atenderse para asegurar una justicia pronta, ágil y expedita. La justicia comienza con la policía como primer respondiente, y continúa en la procuración de justicia y los ministerios públicos que investigan y fundan con pruebas cada caso que llega al juzgado. Las y los jueces no investigan, interpretan las leyes en función de un debido proceso.
El Presidente usa su poder para calumniar al Poder Judicial y pretende con su desaparición, desaparecer también la carrera judicial que es hoy, gracias a las últimas reformas, más moderna y eficaz.
En realidad no se pretende eficientar el derecho a la justicia, lo que está detrás es un malévolo deseo de venganza por parte del Presidente contra la Suprema Corte por haberle echado abajo su reforma eléctrica, sobre no permitir se oculte información sobre gastos en obras públicas argumentando seguridad nacional, o determinar es inconstitucional el plan B en materia electoral que pretendía, entre otros asuntos. El Poder Judicial es contrapeso a los Poderes Ejecutivo y Legislativo porque así lo establece la CPEUM.
Modificar la forma de elección de más de 1,700 integrantes del Poder Judicial de la Federación impondrá la popularidad sobre la idoneidad, la promoción de intereses oscuros e ilegales sobre la carrera judicial indispensable al aplicar la ley. Las y los juzgadores no son políticos.
Por lo tanto, estamos obligadas y obligados a no dejar solos a las ministras y ministros, y a las y los juzgadoras y juzgadores que han expresado con fundamentos sólidos que esa reforma al Poder Judicial es en realidad un contrasentido muy peligroso porque instaurará un poder político absoluto.
Defensora de derechos humanos
