Por: Melissa Ayala
5 de diciembre de 2018. Para muchos, fue un día como cualquier otro; para muchas, fue la victoria de una batalla que llevaban dando poco más de 20 años. El 5 de diciembre de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Para refrescar la memoria, le recuerdo al lector lo que ocurrió en el amparo directo 9/2018. En dicha resolución, por unanimidad la Segunda Sala de la Suprema Corte consideró inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas del hogar ante el IMSS. Ello, ya que no existe ninguna razón constitucionalmente válida ni razonable por la cual la Ley del IMSS pueda excluir a las trabajadoras del hogar del llamado “régimen obligatorio” de seguridad social, lo cual significa que existía una discriminación legal contra esas trabajadoras.
En el caso citado, la Corte concedió el amparo para poner a conocimiento del IMSS esa situación discriminatoria y se le planteó que dentro de un plazo prudente implementara un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.
En ese régimen especial la Corte señaló que se debían proporcionar, como mínimo, los seguros de: (1) riesgos de trabajo; (2) enfermedades; (3) maternidad y guarderías; (4) invalidez y vida; (5) retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Como bien dijo la Corte, el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de condiciones de trabajo inadecuadas, extensas jornadas, bajos salarios y trabajo forzoso; si a todo lo anterior se le suma la ausencia de una adecuada cobertura y protección social, tenemos como resultado lo que viven día a día miles de trabajadores del hogar: enfrentar una mayores condiciones de marginación que contribuyen a más desigualdades laborales y sociales entre el hombre y la mujer, así como a mantener estereotipos y prejuicios sobre la supuesta “carencia de valor” que tiene el trabajo doméstico.
Las labores domésticas y de cuidado no son invisibles, vivimos en un sistema que nos ha enseñado a invisibilizar de manera activa estas labores y a minimizar su importancia. Organizaciones de la sociedad civil y mujeres como Marcelina Bautista llevan poco más de 20 años buscando que el trabajo doméstico sea reconocido como trabajo y aquellos que lo realizan sean reconocidas como trabajadoras, ni más ni menos.
Hace tan solo unos días, el INEGI presentó los resultados de la “Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2018”, que proporciona información sobre la valoración económica del trabajo no remunerado mostrando la importancia de este tipo de trabajo en el consumo y en el bienestar de la población.
Así, de acuerdo a los datos presentados, en 2018 el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.5 billones de pesos, lo que representó el 23.5% del PIB del país.
La mayor parte de las labores de y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, con el 76.4% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades; asimismo corresponde al 75.1% si se habla en términos del valor económico.
Modificar y mejorar las instituciones y rasgos culturales profundamente arraigados es complejo y requiere un compromiso de muchas personas, pero, sobre todo, de los líderes políticos y los gobiernos que implementan políticas públicas en distintos niveles.
Afortunadamente, hemos visto voluntad política por parte del Estado y gracias a activistas como Marcelina Bautista, a organizaciones como CACEH, SINACTRAHO, Nosotrxs, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Hogar Justo Hogar, WIEGO, Semillas y a películas como Roma, hoy la seguridad social para las trabajadoras del hogar es una realidad.
El propio 5 de diciembre pasado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció el envío al Senado de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, algo que había sido demandado por las trabajadoras del hogar y las organizaciones de la sociedad civil por años.
Ahora, si bien es cierto que nos encontramos ante una gran victoria, no podemos obviar los retos que se avecinan, por ejemplo, cómo hacer del conocimiento de todas las trabajadoras del hogar el derecho que tienen a la seguridad social.
Asimismo, no dejemos de recordarle al Estado la existencia de un sistema comprehensivo de diversas estructuras de opresión que, en la simultaneidad de su ocurrencia, reducen en mayor medida los márgenes de libertad de las mujeres que pertenecen a determinados grupos sociales.
Finalmente, como sociedad también nos toca reconocer que las labores domésticas y de cuidado son trabajo, que quienes las realizan son trabajadoras que cuentan con la protección de la ley y que la sociedad y el propio Estado dependen de sus labores para sostenerse.[1]
[1] Rodríguez Enríquez, C. (2007). La economía del cuidado: un aporte conceptual para el estudio de políticas públicas. Buenos Aires: CIEPP.
