La imposibilidad de alcanzar ocho votos para aprobar la propuesta del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la reforma judicial sepultó la democracia constitucional de México, pero dio luz verde al Instituto Nacional Electoral para continuar con la organización del proceso electoral judicial, a reserva, de lo que se decida en los 525 juicios de amparo en curso, que implican 330 notificaciones de suspensiones provisionales y definitivas. Aún con estas indefiniciones jurídicas la institución electoral enfrenta un proceso controversial que costará alrededor de 13 mil 205 millones de pesos, casi 4 mil millones más que las elecciones federales del pasado 2 de junio, las de Claudia Sheinbaum y de su aplanadora legislativa que ya mostró el cobre y le regatea decisiones por complacer a su antecesor.
La Presidenta ha solicitado que el INE explique los costos que, en su opinión, son muy elevados, secundada por diversas voces del oficialismo que anuncian que no aprobarán semejante cantidad; descalifican al INE sin que presenten cálculos ni diagnósticos o argumentos para sostener que el Frankenstein que crearon cuesta menos. Usan la misma estrategia para salir bien librados ante la opinión pública, culpando a la autoridad de encarecer las elecciones, evidenciando que la relación con algunos sectores del INE no está en su mejor momento.
Desde su arribo al poder en 2018, el oficialismo ha fustigado a las instituciones autónomas, en especial al INE, por los presupuestos que ejercen para el cumplimiento de sus responsabilidades exhibidos desde las mañaneras para socavar su legitimidad y calificando a sus funcionarios de burocracia dorada. Lo cierto es que con la 4T el uso de recurso públicos para fines electorales creció en ejercicios usados para incrementar la base popular del régimen, como la consulta popular y la revocación del mandato.
Elegir a personas juzgadoras en la vorágine de la implementación de una reforma al vapor, de múltiples amparos sin resolver y de acciones de inconstitucionalidad aún pendientes, tiene costos elevados para el país. En la parte presupuestal bastaría con analizar la distribución de partidas propuestas por el INE: las más altas corresponden a lo que podría costar la integración de mesas de casillas, 6 mil 830 millones; y la de organización que requiere 4 mil 522 millones para adquirir materiales y documentos electorales de las casillas, en especial las boletas electorales. Los requerimientos en estas asignaturas implican el 86% de los 13 mil 205 millones presupuestados por el INE.
En el entorno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación esta semana, al resolver una demanda del Senador Gerardo Fernández Noroña, podría reiterar el criterio de que el proceso judicial no puede detenerse, por más que las consejerías pudieran solicitar que se difieran las elecciones. El dilema está, entonces, en los recursos que la Cámara de Diputados aprobará para las elecciones judiciales, pues si aplican recortes severos, habrá que considerar la advertencia de Guadalupe Taddei, quien ya verbalizó ante los medios de comunicación que la institución tendría que analizar cuántas casillas se instalarán para recibir el voto ciudadano.
Viene una etapa de definiciones para la organización de un proceso electoral que concretará la desaparición del principio de división de poderes y la supresión de los contrapesos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció a los abusos de la 4T. Habrá personas juzgadoras electas a modo, no por la ciudadanía, si no por los Comités de Evaluación integrados por los poderes ejecutivo y legislativo. El tema es que el oficialismo no quiere cubrir los costos presupuestales de una elección inventada para legitimar la concentración del poder.
