Una de las grandes preguntas que están presentes en el análisis de las finanzas públicas es: una vez que se terminen los llamados “mega-proyectos” de inversión que durante la presente administración, ha habido en la región sur del país, ¿se mantendrá el proceso de crecimiento que ha generado este importante gasto público? La respuesta no es evidente. Desde el principio del sexenio, muchos analistas consideraron que la detonación económica que dichas inversiones podrían generar, será limitada. Otros estudiosos del tema, aseguran que sí habrá resultados positivos y concatenación con otros esfuerzos productivos.
Mientras estas dudas se resuelven, el presidente López Obrador ha expresado su compromiso con concluir las obras insignia, a más tardar el primer trimestre de 2024. Por su parte, la SHCP ha anunciado que busca unir esfuerzos con las dependencias de desarrollo económico de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Campeche, para fortalecer el impulso del sur-sureste mexicano, que en fechas recientes, ha crecido al doble que la economía nacional por la inversión pública sobre proyectos como el Corredor Transístmico y el Tren Maya. Los estados del sur tienen el menor desempleo del país por el crecimiento económico que trajeron el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los caminos artesanales, el aeropuerto de Tulum y el Corredor Transístmico, según funcionarios y conocedores de la materia.
Otro de los temas económicos que generan polémica y discusión es si, para el próximo gobierno, ¿será necesaria una reforma fiscal?, o ¿acaso la estructura de ingresos actual, es lo suficientemente robusta para enfrentar los retos de gasto que se avecinan? Aún cuando se hayan terminado las obras prioritarias, quedarán importantes y muy significativos pendientes presupuestales: rearticular el sistema de salud, invertir de manera decidida en un nuevo modelo de seguridad para todas las regiones, recuperar el capital humano perdido por desinversión en distintos ámbitos del sector público, implementar proyectos de inversión que garanticen una mejor articulación productiva entre México y los Estados Unidos, entre otros. La pregunta tampoco encuentra una contestación inmediata.
Las señales de alarma que encendió el incremento de un 4.9% del déficit fiscal, han provocado que muchos economistas prevengan que será indispensable convocar a una reforma tributaria en los próximos meses o años. Se ha dicho que los ingresos tributarios crecerán 20% en el último año del sexenio si se compara con lo visto en el último año de Enrique Peña. Estos datos fueron publicados en el documento “Presupuesto 2024 o el fin de la prudencia fiscal”, elaborado por México Evalúa. Los ingresos presupuestarios, que se componen de los tributarios y los petroleros, aumentarían 6.5% en el 2024; el menor incremento en los últimos cuatro gobiernos.
En este contexto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, ha descartado la necesidad de hacer una reforma fiscal en el último tramo de la presente administración o incluso al inicio del próximo sexenio. El funcionarioargumentó que “basta con que se refuerce la eficiencia recaudatoria para subir 3 puntos porcentuales del PIB; esto, a través de una reforma tecnológica de cuarta generación que permita identificar cuáles son las actividades que no están tributando”. No obstante, persisten más cuestionamientos que contestaciones, toda vez que se acabaron los “guardaditos”, el mayor endeudamiento podría no ser solo coyuntural, habrá que cubrir el crecimiento exponencial de los programas sociales, etc.
En este escenario, más allá de las preguntas sin resolver, lo que es un hecho es que en el corto plazo, una parte importante del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, tendrá significativos márgenes de maniobra en beneficio del Poder Ejecutivo. Sirva como simple ejemplo, la contradictoria proyección del precio del barril de petróleo establecida en en el PEF2024 a 54 USDlls, mientras que recientemente los petroprecios tocaron un nuevo máximo en el año, con la mezcla mexicana a 89.43 USDlls, luego que los inventarios en Estados Unidos cayeran más de lo esperado, lo que aumentó los temores sobre la escasez de oferta en medio de los recortes de producción de la OPEP+.
Otro ejemplo es el indicador de recaudación de IVA, el cual presenta una reducción del 10.6% real, pero que se contradice con el crecimiento anual del PIB previsto en 2.6%. Dicha estimación parecería poco razonable si se le coteja con el crecimiento real del ISR proyectado en un 3%. ¿Se trata de argucias fiscales que le den mayor margen discresional en el gasto al Presidente? Seguramente. Recordemos que 2024 es un año electoral.