Por Raúl Gutiérrez Patiño

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas juega un papel determinante en el concierto internacional, es un espacio en donde los países, a través de sus posicionamientos, buscan tejer diálogos con el ánimo de construir un mundo mejor. Por otro lado, constituye un foro que utilizan los gobiernos para legitimar sus proyectos nacionales, así como manifestar sus preocupaciones y ejercer reclamos para la salvaguarda de sus intereses, lo anterior explica el por qué la celebración de los periodos ordinarios de sesiones, desde 1945, se espera con tanta expectativa.

En este sentido, la celebración del 79° periodo ordinario de sesiones, se aguardó con ansiedad por las problemáticas que actualmente enrarecen la paz en el mundo: la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, las tensiones en la política interna de los Estados y sus efectos en el mundo, y demás situaciones e irregularidades que han puesto en tela de juicio los alcances y profundidad del derecho internacional así como el compromiso de los Estados de nunca más repetir aquellas acciones que han puesto el riesgo a la humanidad.

En esta ocasión la intervención de la canciller mexicana, Alicia Bárcena, giró en torno a un llamado a la sumatoria de esfuerzos para la atención de temas fundamentales como el combate al cambio climático, la protección a los derechos humanos, el análisis en torno a las problemáticas que enrarecen al fenómeno migratorio, la construcción de paz y seguridad globales, así como el apego irrestricto al derecho diplomático y consular como prueba del sano desarrollo de las relaciones internacionales, ello, sin dejar pasar la oportunidad de intentar posicionar a México como un Estado comprometido con la defensa de la dignidad humana al amparo de la llamada “Cuarta Transformación”.

Lo anterior, se aprecia tanto en el tono del discurso, como en la mención de la administración de Andrés Manuel López Obrador particularmente en materia de política exterior a través del llamado a la solución pacífica de controversias, el respeto a la igualdad jurídica de los Estados, la no intervención y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, hasta la implementación de acciones concretas como la instrumentación del “Modelo mexicano de movilidad humana” como el marco que coordina la creación y aplicación de políticas públicas relacionadas con la migración en México.

Si bien la intervención de la canciller giró en torno a buscar la legitimación del proyecto nacional de México, ello abre la oportunidad en términos de robustecer la exigencia de la eficacia y eficiencia de la nueva administración con base en el llamado a la sinergia que México invita a la sociedad internacional para conseguir y asegurar la paz mundial, es decir, la efectividad del gobierno de Claudia Sheinbaum deberá también medirse en si logra incidir o no en la prevención y transformación de conflictos, y que tanto procura la evolución del derecho internacional en aras de garantizar la protección de la dignidad humana.

En este sentido, el Estado de Derecho en México debe ser un auténtico ejemplo de humanismo, debe asegurar, al amparo de la transparencia y rendición de cuentas, estrategias puntuales para el combate a la desigualdad más allá de la retórica, debe ser dinámico para identificar problemáticas y establecer su atención jurídica de forma integral, así, por ejemplo, cabría preguntarnos si México entiende al cambio climático como una de las causas que enrarecen al fenómeno migratorio y bajo ésta tesitura, proceder a su reconocimiento como una de las causas para solicitar asilo y refugio en el país.

Por otro lado, el derecho humano al medio ambiente sano representa el pilar para gozar de una auténtica calidad de vida; por lo que el gobierno mexicano lo asume como uno de sus principales deberes, y si esto se ve imposibilitado a razón del cambio climático, el cual, es producto de las “fallas en el mercado”, México debería entonces procurar un entendimiento jurídico internacional en donde la instrumentación de acciones colectivas sea con base y a favor del reconocimiento de los derechos de la naturaleza más allá del componente humano, hecho que además resulta urgente en el marco de un escenario internacional que se antoja cada vez más violento, por las consecuencias de la degradación de la naturaleza y sus recursos.

Por lo tanto, al analizar el papel de México en el reciente periodo ordinario de sesiones, se abre la posibilidad de medir la efectividad de la actual administración con base en las acciones que lleve a cabo en torno a procurar la evolución del derecho internacional hacia la auténtica protección, defensa y salvaguarda de la dignidad humana.