Tras el anuncio del Grupo de Lima de no reconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela; la situación que se vive en ese país, nuevamente ha cobrado relevancia en los temas de interés internacional.
El gobierno venezolano se ha caracterizado por ser un gobierno antidemocrático, que no escucha a quienes piensan distinto. No solo ha reprimido y encarcelado a sus opositores sino que, cuando los votos no le favorecieron, desconoció a la Asamblea Nacional, atentando contra la división de poderes y fracturando el orden democrático. Asimismo, ha eludido sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; ha obstaculizado la libertad de expresión, de prensa y de manifestación; y sus políticas han generado un desabasto general de alimentos, medicamentos y enseres básicos en ese país.
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Todo esto sumió a Venezuela en una crisis humanitaria. Así lo han documentado organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Tan solo el último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la crisis ha mermado los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales de las y los venezolanos.
A pesar de todo lo anterior, el Gobierno de México ha decidido abstenerse de emitir un pronunciamiento en la materia. Una decisión que justifican con base en el principio de no intervención.
Esta noción, caracterizada por poner en el centro la soberanía de los Estados, ha distinguido el derecho internacional y las relaciones globales desde la segunda mitad del siglo XX y ha sido baluarte de la política exterior de nuestro país. Sin embargo, en las últimas décadas y tras lamentables sucesos como los genocidios en Ruanda y Yugoslavia o el conflicto en Darfur, la comunidad internacional ha desarrollado nuevos paradigmas de política internacional y protección humanitaria.
Tal es el caso de la Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés), un principio que señala que el respeto a la soberanía nacional no debe impedir a la comunidad internacional para actuar e intervenir en los países con casos de violaciones graves y sostenidas a los derechos humanos. Lo anterior, incluso en el contexto de conflictos internos, cuando la población civil esté siendo afectada.
Es decir, en los últimos años, la comunidad internacional ha transitado del concepto de soberanía inviolable, al de la primacía del respeto irrestricto a los derechos humanos.
Este cambio de paradigma también se ha reflejado en la legislación mexicana. En 2011, la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos fue adicionada al artículo 89 constitucional, referente a los principios de política exterior. Asimismo, promovimos la Carta Democrática Interamericana de la OEA que reconoce el derecho de las y los americanos a la democracia, y la obligación de los Estados parte de promoverla y defenderla a toda costa.
Por todo lo anterior, resulta cuestionable la decisión del gobierno mexicano de reconocer la próxima gestión de Nicolás Maduro al frente del gobierno venezolano. México no puede cerrar los ojos ante la crisis que viven las y los hermanos venezolanos, ni ante la falta de legitimidad democrática de la elección de mayo de 2018, a partir de la cual Maduro comenzará su mandato este 10 de enero.
Mucho menos, puede escudarse de su responsabilidades regionales, en un análisis selectivo y maniqueo de los principios de política exterior. El respeto a la soberanía y a la no intervención no puede traducirse en un consentimiento tácito a un régimen autoritario que ha quebrantado el orden democrático. Por el contrario, tenemos que superar el falso dilema entre el principio de no intervención y el de promover y respetar de los derechos humanos integralmente.
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El nuevo gobierno tiene que encontrar el balance entre todos los principios de política exterior, y construir estrategias integrales y congruentes. Reafirmando nuestro compromiso permanente con los valores democráticos y el respeto a la dignidad de todas las personas. No se trata de cerrar los puentes del dialogo y amistad con otras naciones, sino de contribuir al fortalecimiento de la democracia. En el caso de Venezuela, eso pasa por el restablecimiento de las libertades políticas y civiles y el mejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos.
Por nuestra parte, en el Senado de la República y en cumplimiento con nuestra facultad constitucional de analizar la política exterior, seguiremos atentos a la situación que se vive en el país sudamericano, y exigiremos del gobierno de México una postura clara en este sentido.
Levantando la voz ante las violaciones a los derechos humanos, tendiendo una mano solidaria hacia el pueblo venezolano, y exigiendo al gobierno de Venezuela restitución de la normalidad democrática que necesita.
Coordinador de los Senadores del PRI
@osoriochong
