Por: Ailsa Winton (Ecosur)
Movilidad y justicia
La movilidad por sí sola no es buena ni mala, sino que forma parte intrínseca de la vida social. Ocurre en muchas escalas del tiempo, implicando movimientos diarios, como ir al trabajo o a la escuela, así como otros menos frecuentes, como cambiarse de casa, salir de vacaciones o migrar, y también varía en la escala del espacio al moverse a una cuadra, a otra colonia, ciudad o hasta a un país diferente.
El punto, como veremos, es que además de ser diversa, la movilidad es esencialmente injusta: las personas no se mueven por igual, ni tampoco por la misma necesidad. Las posibilidades que tenemos de movernos están condicionadas y limitadas por nuestra posición social, es decir, por nuestro estatus socio-económico, edad, género, orientación sexual, condición física, nacionalidad, y raza, entre otros factores. Esto se puede ver en lo más cotidiano: por ejemplo, cuando una mujer, en vez de irse caminando sola de noche a la estación del metro decide esperar a un amigo para que la acompañe —su condición de género, de mujer, le otorga una posición marginal que se traduce en una situación de riesgo, de vulnerabilidad—. Se observa también en el tipo de movimientos que se abordan en este breve texto, como son la huida ante una amenaza o en la posibilidad de ser deportado al país del que se viene huyendo.
Desplazamiento por violencia en el norte de Centroamérica y el sur de México
En los últimos años, la movilidad en la región Centroamérica-México se ha marcado cada vez más por desplazamientos forzados, y la violencia —criminal, social y política— juega un papel relevante en esta tendencia. En este contexto, la marginación social genera situaciones de riesgo específicas: por ejemplo, vivir en una colonia dominada por pandillas, no poder cambiarse de casa o no tener los recursos para protegerse donde uno esté, o no lograr conseguir los permisos para moverse de manera segura a otro país. Por lo tanto, la marginación no solo produce el desplazamiento –la necesidad de huir–, sino también afecta los términos en que se escapa, así como los riesgos y el daño que puede resultar de esto.
La huida no es un movimiento sencillo de transitar de una situación de peligro a otra de seguridad. Al contrario, el desplazamiento suele volverse algo continuo y puede llegar a ser muy dañino. Si una persona no puede irse lejos, ni a una zona más segura del mismo país en que se encuentra, el peligro se mantiene cerca, y a veces puede alcanzarla, por lo que tendrá que salir escapando nuevamente.
Eso ocurre cuando se quiere huir de las pandillas conocidas como maras pues, debido a su amplia presencia y organización en varios países de la región, es especialmente difícil huir de ellas. Incluso, en el norte de Centroamérica, hay cientos de miles de personas desplazadas internamente, principalmente, por la violencia, como ocurre también en México; muchas personas y familias desplazadas que llegan a México desde Centroamérica ya intentaron antes reubicarse dentro de su país.
Además, lo que empieza como huida ante una amenaza directa contra la vida puede convertirse en una lucha por encontrar un nuevo medio de vida al dejar todo atrás, o en otras huidas ante nuevas amenazas; así, los desplazamientos en cadena generan una creciente precariedad y un desgaste de recursos económicos, sociales y emocionales.
Asimismo, eventualmente, puede producirse una situación de inmovilidad forzada cuando ya no se tiene ni siquiera la posibilidad de moverse, a pesar de estar en una situación de peligro. Poco se aborda este problema; sin embargo, es importante destacar el papel de la política en producir inmovilidades dañinas, como son las detenciones, los estancamientos, además de las movilidades forzadas, como son las deportaciones.
México, un país de huida, pero no de refugio
Nuestro país se ha convertido en un país de huida, pero no por eso de “refugio”. Éste es el primer recurso para que personas desplazadas por violencia tengan una mínima protección legal en este país, pero obtener esta condición se complica porque México ha priorizado lógicas de “securitización” para la gestión de la frontera y la migración; por lo tanto, no ha habido interés político en hacer que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tenga la capacidad de responder a la creciente demanda y complejidad de casos que recibe. Además, la gestión en general gira entorno a una categorización política —migrante/refugiado— que resulta anticuada y desconectada de la realidad.
La población desplazada por violencia puede considerarse como un grupo vulnerable al tener que moverse de manera no planeada y bajo condiciones de alto riesgo. Pese a esta situación, el número de solicitudes de asilo otorgadas en México es pequeño frente a las cifras de deportación. Las políticas migratorias, en general, siguen siendo una barrera para el bienestar de las personas desplazadas. Algunas de ellas, aunque quieren quedarse en México, siguen a Estados Unidos al no encontrar las mínimas condiciones de seguridad y bienestar en nuestro país.
Lo anterior se ha documentado, especialmente, entre personas de la población LGBT (lésbica, gay, bisexual y trans) quienes, al ser sujetas de una continuada agresión en México, optan por seguir buscando un contexto social distinto para vivir con un mínimo de seguridad y dignidad. Aún más preocupantes son los casos de personas que no tienen otra opción más que regresar a su lugar de origen, a pesar del riesgo que esto representa, o quienes son deportadas a su país y tienen que buscar cómo protegerse ahí o moverse de nuevo.
Intervenciones hacia la justicia social
Con base en los estudios realizados y el monitoreo continuo de la situación que se vive en la frontera de México con Guatemala, cabe reflexionar en términos generales sobre la gestión de la movilidad humana desde la justicia social.
El problema no es el hecho de moverse sino las condiciones en que ocurre; entonces, la migración, en vez de verse como un asunto de seguridad nacional, debe entenderse como una cuestión de justicia social. Por ende, su solución no está el endurecimiento de las fronteras y la persecución, sino en nuevas políticas integradas a la protección de derechos que den cuenta de la situación de desprotección y de las nuevas realidades en las que se encuentran las personas desplazadas y en movilidad precaria a lo largo de la región. La protección no implica asistencialismo, sino apoyar las capacidades y estrategias de quienes tienen que desplazarse, en vez de atarles las manos. Tanto el Estado como las políticas públicas son parte fundamental del problema como de la solución, pero hay más.
¿Qué pasa con la sociedad?
Aquí no es una cuestión de inculcar el respeto a las demás personas —aunque la importancia de esto sea innegable—, tampoco de ponerse en los zapatos del otro, si bien sea una buena intención, pues estas nociones ponen una falsa separación entre nosotras y “los migrantes,” entre nosotros y “las desplazadas”, cuando todos los días somos participes de este mismo sistema complejo de movilidad, cada quien ubicado socialmente en un sistema de roces, de tensiones, desigualdades, violencias, de rupturas y de oportunidades.
Autora
La doctora Ailsa Margaret Anne Winton es investigadora titular "A" en el grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos, Unidad Tapachula, del Departamento Sociedad y Cultura en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur). Contacto: awinton@ecosur.mx
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