Según cifras analizadas por Enkoll, desde que se firmó el acuerdo climático de París en diciembre de 2015, en el marco de la vigésima primera sesión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), México es uno de los cuatro países del mundo que registra el mayor número de asesinatos de activistas medioambientales con 80 agresiones letales, superado por Brasil con 170, Filipinas con 178 y Colombia con 214 víctimas.

Las fuentes de información analizadas comprenden los reportes anuales publicados desde 2016 por la organización internacional Global Witness, así como los perfiles de los activistas medioambientales y defensores de derechos humanos compilados por la organización Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La evidencia a nivel mundial nos muestra que a medida que se intensifican los efectos de la crisis climática, en paralelo incrementan los índices de violencia en contra de los activistas a favor de la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. Entre los principales hallazgos destaca que en los últimos 5 años se han registrado en el mundo 1,010 asesinatos de activistas, de los cuales 640 crímenes se llevaron a cabo en Latinoamérica, lo que hace a nuestra región la más peligrosa para la defensa de la tierra debido a que concentra el 63% del total de víctimas y pertenecen a nuestra región siete de los 10 países en donde más personas fueron asesinadas.

Al analizar la incidencia regional, México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica, superado por Brasil y Colombia, pero muy por encima de Honduras (54), Guatemala (50), Nicaragua (32), Perú (17), Venezuela (12), Argentina (3), Chile, Costa Rica y República Dominicana (2 asesinatos cada uno) y Bolivia (1).

El comportamiento histórico de este fenómeno en nuestro país nos muestra que los defensores ambientales enfrentan cada año mayor violencia, debido a que la tendencia anual de asesinatos ha aumentado significativamente. Particularmente en 2020 se registró un incremento del 67% en relación con los crímenes ocurridos durante 2019; al respecto, las cifras de los últimos 5 informes anuales nos muestran que en 2016 se documentaron 3 asesinatos, 15 en 2017, 14 en 2018, 18 en 2019 y 30 agresiones letales en 2020.

En el desglose de los homicidios ocurridos a nivel estatal se observa que las cinco entidades con mayores casos son Oaxaca con 22 víctimas (lo que representa el 28% del total nacional), seguido por Michoacán con 11 víctimas (14%), Chiapas y Guerrero cada uno con 9 víctimas (11%) y Chihuahua con 8 víctimas (10%). Destaca el hecho de que en dichas entidades han ocurrido 59 asesinatos, lo que representa el 74% del total nacional.

Además, resulta relevante que el costo humano del activismo en contra de la destrucción provocada por industrias extractivas o las disputas por el derecho de la tierra es significativamente mayor entre integrantes de pueblos indígenas, debido a que el 65% de las víctimas fueron indígenas. Esto a pesar de que el INEGI reporta que la población hablante de lengua indígena representa el 5.8% del total de la población mexicana.

Entre los 52 activistas que se consideran indígenas, los orígenes étnicos con mayor número de asesinatos son el pueblo Triqui situado al noroeste del estado de Oaxaca con 9 víctimas, que representa el 17% del total, seguido de la comunidad Nahua y Purépecha con 9 víctimas cada uno (15%) y los pueblos Wixárika y Rarámuri con 4 víctimas respectivamente (8%). Por último, se encuentra la comunidad Tarahumara que registra 3 asesinatos (6%) y el pueblo Kumiai, Mixe y Zapoteca con dos crímenes cada uno (4%).

Al analizar los perfiles y el tipo de activismo, encontramos que 34 víctimas se encuentran involucradas en la disputa por la tierra o aspectos de reforma agraria (lo que representa el 43% del total); 17 en explotación forestal ilegal (21%); 7 en asuntos de agua, presas y recursos hídricos (9%); 6 en la industria minera y extractiva (8%); 2 en la agroindustria o sustitución ilegal de cultivos (3%). Además, de acuerdo con los reportes y el análisis de los 50 crímenes con autores identificados, 19 agresiones están relacionadas con el crimen organizado, 19 con fuerzas de seguridad privada o paramilitares y 12 con elementos de seguridad estatales, policiacos o militares.

Con respecto a la distribución por género, 9 de cada 10 personas asesinadas son hombres, sin embargo, la realidad nacional sugiere que las mujeres activistas enfrentan formas de violencia relacionadas directamente con el género, incluida la violencia sexual, además del reto de reivindicar su derecho de manifestación y activismo al interior de sus comunidades y familias.

Con motivo de la vigesimosexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada actualmente en Glasgow, Escocia, nuestro país debe afrontar como una acción climática efectiva la protección de las personas defensoras medioambientales y sus comunidades desde una perspectiva integral de protección en zonas marginadas, particularmente en comunidades indígenas que se encuentran en un contexto de inseguridad y violencia.