Raquel López-Portillo Maltos (@RaquelLPM)
En las últimas semanas, se ha hablado de una nueva crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. No obstante, no se trata de un nuevo fenómeno, sino de un culmen más en una problemática permanente. En medio de nuevos máximos históricos y crecientes tragedias, el complejo escenario político que atraviesa Estados Unidos ha exacerbado aún más el problema.
No es novedad que la migración sea un tema central de debate y disputa, más aún en la antesala electoral tanto de México como de Estados Unidos. Contrario a lo que quizás se esperaba, fuera de las primeras semanas tras el fin del Título 42, las políticas implementadas por la administración Biden-Harris no han desincentivado la migración, sino que han generado un entorno aún más problemático. Ni las amenazas de sanciones por hasta cinco años si no se solicita asilo o refugio desde un tercer país, ni los intentos por agilizar los procesos a través de la aplicación CBP One, ni el uso de centros de procesamiento en países como Guatemala y Colombia han bastado para frenar un problema a todas luces desbordado. Tan solo en los primeros 20 días de septiembre, las autoridades estadounidenses reportaron un estimado de 6,900 detenciones de inmigrantes que intentaron ingresar de manera ilegal al país.
En este escenario, destacan tres factores que pueden complejizar aún más la situación en el corto y mediano plazo. En primera instancia, han habido frecuentes intentos por meter la migración y el tráfico de drogas en una misma bolsa. Tras proclamar oficialmente una invasión de territorio por parte de inmigrantes, el gobernador texano, Greg Abbott, argumentó nuevamente que el motivo de esta decisión recae en proteger a su estado de la entrada de carteles de las drogas. Esta retórica no es nueva, pues con la cruzada contra el tráfico de fentanilo que han encabezado, al menos retóricamente, distintos congresistas Republicanos, se ha realizado un intento deliberado de culpar a los migrantes de esta situación, sin fundamentos sólidos.
Contrario a esta premisa, la mayor parte del fentanilo que entra a territorio estadounidense ingresa por puertos legales. Aunado a ello, también se está presenciando un aumento significativo en el intento de relacionar a inmigrantes con grupos terroristas o extremistas. Esta narrativa, que va a recrudecerse en la medida que se acerquen las elecciones, invariablemente impacta negativamente en la creación de políticas de seguridad y migratorias sustentadas en datos, en la cooperación con México en estas materias y en la criminalización de la población migrante.
En segundo lugar, si bien estos embates han sido mayoritariamente protagonizados por el ala más radical del partido Republicano, llama la atención que la renovada crisis ha provocado también que algunos Demócratas tomen posiciones más duras. El caso más sonado es el de Nueva York, en donde la gobernadora del estado, Kathy Hochul, llegó al punto de hacer un llamado a los migrantes a que “si van a salir de su país, vayan a otro lugar”. Por su parte, el alcalde Eric Adams, ha ido en contra de las obligaciones jurídicas a las que está sujeta la ciudad de Nueva York al ser una ciudad santuario, argumentando al igual que Hochul que han llegado al límite de lo posible. Políticamente, esta situación se ha convertido en una piedra en el zapato para el presidente Joe Biden, al recibir críticas sobre el fracaso de sus políticas desde sus más allegados, en un momento en el que cada mensaje o decisión podría influir desde la carrera presidencial hasta las elecciones en el legislativo local, donde los Demócratas buscan recuperar los espacios perdidos.
Finalmente, en medio de estas diferencias originadas por la crisis en Nueva York ha destacado una realidad igual de inminente: no hay recursos que basten si no se delinea una estrategia clara a nivel federal y a nivel regional que direccione los recursos económicos y humanos necesarios de manera proporcional y estratégica. Además de ello, Hochul ha destacado que el principal objetivo en estos momentos debería de ser agilizar los procesos legales, ya sea para la obtención de permisos de trabajo o de solicitudes de refugio, para que de esta forma las personas migrantes salgan de la ilegalidad lo más pronto posible.
En medio de los cuestionamientos de Republicanos acerca del gasto del gobierno local y federal en ayuda a inmigrantes, la gobernadora ha argumentado que dicha agilización permitiría que la dependencia del sistema de seguridad estadounidense termine cuanto antes. Considerando que ambos países se encuentran en discusiones sobre la aprobación de presupuesto, sin duda la asignación de recursos a instituciones encargadas de atender la migración también determinará la mejora, o empeoramiento, de la capacidad estatal en esta materia.
En un panorama en donde se conjuntan la desesperación por una vida digna, el oportunismo criminal y las aspiraciones electorales, resulta urgente trascender las fronteras políticas y partidistas. Si bien la migración y los desafíos que conlleva son cuestiones inevitables, su gestión demanda un enfoque compasivo, en donde prevalezca la cooperación y el respeto por los derechos humanos.
Raquel López-Portillo Maltos es Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, Licenciada en Derecho y Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana y especialista en Análisis Político, Democracia y Elecciones por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de análisis internacional, seguridad, derechos humanos e igualdad de género. Es Asociada y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre América Latina y el Caribe del Consejo Mexicanos de Asuntos Internacionales (COMEXI).