La Presidenta electa Claudia Sheinbaum, próxima “Jefa Suprema” de las Fuerzas Armadas, anunció que nombrará hasta septiembre a las personas titulares de las Secretarías de la Marina y de la Defensa. Pero las preocupaciones permanecen frente a un poder militar ampliado de manera histórica que se mueve ya de manera suprapresidencial, incluso con relaciones diplomáticas directas con Estados Unidos.
Cabe recordar el escándalo silenciado de la detención de uno de los militares de más alto rango, el General Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa de Peña Nieto por solicitud de la DEA en Los Ángeles, investigado por vínculos con el crimen organizado. Poco después de la detención, la justicia de los Estados Unidos retiró los cargos, afirmando que la Fiscalía General de la República en México seguiría con la investigación, quien lo exoneró expeditamente en 2021. El poder militar se cuece a parte. Tiene su propia “justicia”, sus programas y beneficios sociales, su banco. Los negocios de los militares son más rentables que nunca desde la transferencia o la toma de atribuciones y de servicios de Estado o de actividades privadas. Suhayla Baz Baz habla de una “corporativización e integración militar a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. (GAFSCOMM)”.
Como candidato a la Presidencia, López Obrador y altas personalidades de MORENA se habían comprometido con frenar la militarización de la seguridad pública iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto. El Inventario Nacional de lo Militarizado demuestra que entre 2006 y 2023, “los tres niveles de gobierno han transferido funciones y presupuesto civiles a las fuerzas armadas en al menos 291 ocasiones … con 19 decretos y acuerdos presidenciales y 258 convenios particulares firmados entre las fuerzas armadas y autoridades civiles federales, estatales y municipales”: la mayoría impulsados en este sexenio.
Hoy, el poder militar controla hasta las grandes obras públicas, incluso las denunciadas por corrupción o violación del Estado de Derecho, como con el Tren Militar, mal llamado “Maya”. Hasta un hotel ecocida tendrán en la selva protegida de Calakmul. ¿Qué decir de su vinculación con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y demás casos de violación extrema a los derechos humanos evidenciados? Las pocas personas funcionarías que se han enfrentado a esos abusos para corregirlos y hacer justicia reciben presión directa de la corporación con poco o ningún respaldo del poder ejecutivo o legislativo.
¿Cuál será la postura de la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas frente a un poder militar desbordante opaco, ilegítimo e ilegal? En una democracia civil funcional, el poder, el control y la acción del Ejército debe ser motivo de diálogo público, transparente y de subordinación real al poder civil. Urge una conversación amplia basada en evidencia y en las situaciones reales que viven las comunidades, los pueblos, los territorios fuera de una visión única chilango-centrista limitada. La seguridad pública es un tema, las actividades económicas y el control político solapados por el pacto entre poder político y económico es otro. Frenar y desmantelar el neoliberalismo militar en México no será tarea fácil.
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