No hay plazo que no se cumpla y en el caso de la reforma al Poder Judicial éste está a punto de concretarse…
Y es que, Morena y sus aliados ya están trabajando para que antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje su cargo, el primero de octubre, promulgue su polémica propuesta que establece, entre otras cosas, que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular.
Sin embargo, aún está por definirse si Morena, PT y Verde Ecologista, reúnen la mayoría calificada que requieren para aprobarla sin problema. Eso ya dependerá del INE, pero como sabemos en política nada está escrito y todo puede cambiar.
Lo que sí es seguro es que el próximo jueves 15 de agosto, en una sesión solemne del Tribunal Electoral, Claudia Sheinbaum recibirá la documentación que la acredita como presidenta electa, para que el primero de octubre reciba la banda presidencial.
Esta reforma ha tenido un largo camino de consultas, se realizaron nueve foros para ello y el jueves se llevó a cabo el último en el Congreso de Sinaloa, donde se abordó el tema “Impartición, procuración de justicia y seguridad pública”.
Un día antes, el todavía coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal adelantó la ruta de este proyecto: del 12 al 18 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados podrá formular el dictamen correspondiente para enviarlo a la Mesa Directiva, y este órgano de gobierno lo mantenga “sub júdice” hasta que inicie el periodo ordinario.
Detalló que el 29 de este mes los integrantes de la nueva Legislatura rendirán protesta como legisladores, para que puedan acudir el 1 de septiembre a la instalación formal de las Cámaras, por lo que el 2 de septiembre los nuevos diputados podrían empezar con la discusión en comisiones y si se confirma su mayoría calificada, tendrán la posibilidad de aprobarla sin complicación alguna.
Recordemos que el primer foro se realizó el pasado 27 de junio, participaron 35 oradores, entre legisladores, ministros, magistrados y jueces, quienes durante más de tres horas expusieron sus puntos de vista y sugerencias sobre esta iniciativa.
En aquella ocasión, los legisladores de Morena afirmaron que la elección de ministros, jueces y magistrados era inamovible, mientras que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo planteó que esta elección se hiciera de forma escalonada para que haya interacción entre los juzgadores provenientes de la carrera judicial y los que emanen de los procesos electorales.
En tanto, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, enfatizó que los juzgadores deben ser honestos, empáticos y capacitados. Además, indicó que, aunque existan diversas visiones sobre cómo mejorar la justicia en México, se pueden encontrar más coincidencias que divergencias.
Conforme pasaron los foros, Morena se mantuvo en la misma línea, pero, en el penúltimo, el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció cambios al dictamen original en lo relacionado con los criterios de elegibilidad y la gradualidad de la elección popular de los juzgadores.
Reconoció que se busca ajustar la selección de jueces y ministros para garantizar que sean los más calificados.
Mier afirmó que un comité elegirá a los perfiles idóneos para ocupar un puesto en la Suprema Corte mediante entrevistas, exámenes y ensayos. En este contexto, se presume que sólo las personas avaladas por el comité podrían buscar un lugar en el máximo tribunal mediante las urnas.
Por su parte, Arturo Zaldívar, quien será el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, en una entrevista para El País, adelantó que los jueces, magistrados y ministros de la Corte serían renovados en su totalidad en dos procesos comiciales, 2025 y 2027.
Andrés Manuel López Obrador también se ha pronunciado sobre el tema y el viernes pidió que quienes forman parte del Poder Judicial podrán inscribirse para que sean electos por el pueblo y aquellos aspirantes externos que cumplan los requisitos, podrán formar parte de la rifa para que participen en el proceso.
Insistió en que la reforma tiene que hacerse por etapas pero consideró que iniciar con la elección de los juzgadores es el primer paso para que México se encamine a un verdadero estado de derecho.
Por otra parte, el rechazo de las y los trabajadores del Poder Judicial a la reforma siempre ha estado presente, lo han expresado no sólo en movilizaciones, sino también en el paro de actividades de hasta 6 días.
Incluso la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) anunció ayer, que se “considera seriamente” un paro de labores en el Poder Judicial en fecha por definir, al considerar que los foros realizados en la Cámara de Diputados “resultaron una simulación”.
Bien harían los y las legisladoras en tomar en cuenta las alertas que desde distintos espacios se han emitido como la advertencia de la jueza especializada en ejecución de penas, Magdalena Victoria Oliva, quien durante uno de los foros aseguró que la reforma judicial planteada podría violar el T-MEC, toda vez que éste, en su capítulo 23, anexo 23, especifica que México se compromete a tener tribunales y jueces independientes:
Además, hace unos días, la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la reforma judicial, al advertir que la misma “podría socavar la independencia de la judicatura”.
La relatora expresó sus dudas ante la propuesta para la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña”.
Ante esto y otras críticas el Partido hegemónico expone como argumento: la reforma obedece al mandato del pueblo. ¿Será? Usted qué opina querido lector.
