Por: Natalia Lane
El pasado viernes el Congreso de la Ciudad de México sentó un precedente histórico en la lucha de los derechos humanos de las personas LGBT en el país: sancionar a quienes realicen ECOSIG en la capital.
¿Pero qué son los ECOSIG? sus siglas se refieren a los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Estas prácticas se conocen equivocadamente como terapias de conversión para “curar” la homosexualidad, bisexualidad o transexualidad. Esto a través de graves violaciones de derechos humanos como la privación de la libertad, el maltrato psicológico, el abuso físico e incluso violaciones “correctivas” y procedimientos médicos irreversibles.
Y es que a pesar de que la Organización Mundial de la Salud descatalogó en 1990 y 2018 la homosexualidad y la transexualidad respectivamente de la lista de enfermedades mentales; aún hay muchos lugares en el mundo donde ser una persona LGBT es sinónimo no sólo de prejuicio y discriminación, sino un motivo para ser encarcelado y asesinado. De acuerdo con la Organización ILGA aún existen poco más de 70 países donde nuestras orientaciones e identidades son consideradas ilegales.
Frente a este contexto, la reciente reforma sanciona con prisión o trabajo comunitario a quienes lleven a cabo estas prácticas degradantes, pero también da un mensaje contundente al mundo: las personas LGBT no son vidas patologizables, ni cuerpos enfermos sino todo lo contrario, formamos parte de la diversidad humana y como tal ningún sujeto, familiar, grupo conservador o religioso tiene la facultad de “corregir” una condición intrínsecamente humana. Y quien lo intente, será sancionado por un marco jurídico que protege el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual de las personas que habitamos en la Ciudad de México.
Sin embargo, el reto más grande está por supuesto en el cambio cultural de un país que atraviesa una crisis permanente de derechos humanos y seguridad. Y es que de acuerdo con la Organización YAAJ la poca cultura de la denuncia imposibilita que estos casos sean documentados y sancionados. Particularmente esta situación afecta a los adolescentes y jóvenes LGBT, quienes ante la crisis actual de pandemia y confinamiento han tenido que “regresar al clóset” porque viven un entorno familiar hostil donde cotidianamente se reiteran discursos de odio a la diversidad sexual.
Con la aprobación de esta iniciativa se vienen también retos importantes para el sistema de justicia, ya que sancionar los ECOSIG implica una interlocución permanente con la Fiscalía General de Justicia, los funcionarios y ministerios públicos para que estén íntegramente capacitados y sensibilizados en materia de identidad de género y orientación sexual.
Llegar a una sentencia resolutiva y satisfactoria para estas víctimas es un primer paso para reparar la deuda histórica que el Estado tienen materia de discriminación. Decir adiós a los ECOSIG es también apelar a que nunca más ninguna persona LGBT en este país se sienta enferma, avergonzada o culpable por ser quien realmente es. Porque no hay nada que curar.
Trabajadora Sexual y Coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C.
