Por Ana Lilia Moreno @analiliamoreno
El presidente López Obrador y la presidenta electa aseguran que no hay razón para temer a la reforma del Poder Judicial, que confían se apruebe a toda velocidad en el Congreso. Argumentan que las numerosas advertencias sobre los riesgos que implica son, básicamente, querer asustar con el “petate del muerto”.
Claudia Sheinbaum afirma que, contrario a lo que las voces críticas opinan, la reforma fortalecerá al sistema judicial al permitir que el pueblo elija a los jueces. Sheinbaum explica que, a su juicio, ese es el significado de la democracia. Aún suponiendo que la elección por voto popular en el Poder Judicial no tuviera riesgo de pérdida de independencia judicial, la presidenta electa no menciona la existencia del Tribunal Disciplinario —que también propone la reforma—, el cual termina por comprometer esa independencia.
Según la reforma judicial, el Tribunal Disciplinario tendrá la facultad de sancionar a los jueces si el sentido de sus sentencias va en contra del “interés público”. La definición de ese interés la establecería el mismo Tribunal.
Ahora bien, la Constitución mexicana justifica la regulación de la economía en función de la “rectoría económica del Estado”. Es decir, el principio bajo el cual el Gobierno coordina y dirige el desarrollo económico para garantizar la justicia social y el bienestar general. El Estado mexicano, según el artículo 27, tiene la facultad legal de expropiar activos por causa de “utilidad pública”, mediante una indemnización al propietario afectado de acuerdo a las leyes vigentes.
La declaración de utilidad pública es la base legal para justificar una expropiación, ya que debe demostrar con una argumentación sólida, y bajo la valoración precisa del bien, que el interés público prevalece sobre los derechos de propiedad individual. La intervención estatal justa, entonces, debe ser legítima y proporcional. Con un Tribunal Disciplinario, en el caso de expropiaciones arbitrarias, no habrá juez que arriesgue su trabajo o su prestigio para proteger los derechos o las garantías de los afectados.
Para ilustrar, observemos el caso de los valores estimados por terrenos expropiados para la construcción del Tren Maya. Entre 2022 y 2023, el gobierno expropió 15,678 hectáreas a través de 28 decretos, y, según datos oficiales, ha pagado un promedio de 43,864 pesos por hectárea, que representa aproximadamente el 17% del valor de mercado, que oscila entre los 250,000 y 420,000 pesos, según información pública disponible.
Otro caso fue la expropiación de la planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquide en la refinería de Tula adscrita a Pemex Transformación Industrial. La planta está valorada en 52.7 millones de dólares, y, según relata el experto George Baker, cuando la autoridad publicó el decreto de expropiación, modificó el argumento legal original planteado en el decreto de declaración de utilidad pública de la planta. Por lo que, según el debido proceso, la empresa afectada está en su derecho de exigir al gobierno mexicano una explicación sobre las causales que configuran la utilidad pública de tal expropiación, pero sin independencia judicial, difícilmente conseguiría la certeza jurídica necesaria.
La falta de certeza jurídica por la pérdida de independencia judicial podría establecer violaciones de México ante el T-MEC que, en caso de confirmarse, detonarían sanciones y comprometerían su participación en el Acuerdo, con serias consecuencias para la posición competitiva de México. Además, la afectación trascendería a otros compromisos, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
Mantener una judicatura independiente es clave en una democracia. Permite equilibrar los poderes del Estado y lograr objetivos como el desarrollo económico y la protección de los derechos de propiedad. La reforma judicial actual amenaza esta autonomía y justifica las preocupaciones expresadas por voces bien sustentadas como México Evalúa. Ojalá esto se tratara solamente de asustar con el “petate del muerto”.
La autora es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa
