Desde septiembre de 2020, cuando Carlos Urzua renunció a la Secretaría de Economía y Jaime Cárdenas García al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con apenas 6 y 3 meses en el cargo respectivamente, se encendieron las alarmas respecto a la congruencia del proyecto político del Presidente de la República.
Hoy, con la salida de la tercera secretaria de economía, Tatiana Clouthier, queda claro que el golpeteo al interior del gabinete es más fuerte que nunca, pues por un lado “las corcholatas” tienen permitido hacer actos anticipados de campaña; por otro lado, el titular de Gobernación negocia con miembros del Poder Legislativo para forzar cambios que van contra las propias leyes (dictamen de la Guardia Nacional). Mientras el resto del gabinete hace labores menores, demuestra poco poder decisivo, pero sí mucha operación de las decisiones de Palacio.
Para el sector privado, cuya cabeza de sector es Economía, resulta alarmante ver cómo la política económica pasó de las buenas intenciones plasmadas en los “Pejenomics” a una serie de decisiones difusas que no dan certezas sino dudas, como en el caso del TMEC, donde tenemos pendiente conocer el fallo del panel de expertos sobre interpretación de reglas de origen, proceso iniciado por México y Canadá contra EEUU; sin mencionar el ya complicado proceso que se está gestando debido a las decisiones de política energética, donde EEUU y Canadá iniciaron procedimiento contra México.
¿Cómo se supone que aprovechemos los acuerdos internacionales para la recuperación económica si la Secretaría encargada de llevarlos no tiene cabeza ni parece tener una vinculación estratégica con el resto del Gabinete? Pues no es ningún secreto que Economía ha perdido peso durante este sexenio y que la SRE de Marcelo Ebrard tiene más juego en materia comercial y de negocios internacionales.
Otro gran pendiente, pero menos comentado entre la opinión pública, es la publicación del Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), que implica un cambio de sistema en la normalización en México y que impacta a 35 leyes federales. Este asunto de primera importancia está en manos de la Dirección General de Normas, donde recientemente hubo cambio con la salida de Alfonso Guati y que hoy tiene el tiempo encima para dar certeza y operabilidad a la LIC.
En los siguientes días, veremos cómo se acomodan las cosas al interior de la Secretaría de Economía, con la llegada de Raquel Buenrostro, de quien aun no sabemos si viene con equipo nuevo o dará continuidad a lo que ya está. Por supuesto, la comunicación con organismos empresariales y Cámaras será un tema al que le demos puntual seguimiento.
Hoy con 20 cambios de gabinete en cuatro años, llama la atención que casi la mitad dejaron de participar con el gobierno federal, parafraseando a Tatiana Clouthier, “se unieron a la porra” como Alfonso Romo o Javier Jiménez Espriú; mientras que otros se volvieron críticos acérrimos como Germán Martínez, que pasó del IMSS al “grupo plural” del Senado o Víctor Toledo (SEMARNAT) y el propio Carlos Urzua.
Mientras que la otra mitad ha recibido un ascenso, pues o se han ido a hacer campaña para algún estado -como fue el caso de Alfonso Durazo en Sonora y más recientemente, Delfina Gómez en el Estado de México- o han ido al frente de embajadas de primera importancia como Esteban Moctezuma en EEUU y Josefa González-Blanco al Reino Unido.
Es decir, que los ex miembros del gabinete se van “por las buenas” con un cambio estratégico de largo alcance o “por las malas” con una ruptura total. Parece que con la 4T no hay medias tintas.