El pasado fin de semana fueron salvajemente ejecutados doce jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, cuando se encontraban en una fiesta privada. En una escena de terror, un grupo de asesinos irrumpió en el lugar de los hechos y, a sangre fría, disparó en contra del grupo de muchachos que participaban en una posada.
Nadie sabe hasta ahora lo ocurrido en decenas de casos más, la razón exacta por la cual, supuestamente, el crimen organizado habría ordenado la muerte de jóvenes inocentes como ocurrió este fin de semana en aquella sangrienta región del Bajío. Los testimonios refieren que la instrucción que dieron los criminales fue ejecutar a las más de cien personas que se encontraban en una hacienda ubicada en las cercanías de Salvatierra.
No cabe duda que en México hemos perdido la capacidad de asombro e indignación ante este tipo de desgracias, que, desafortunadamente, son cada vez más comunes. Pareciera que todo estuviera escrito en un guión cuando nos enfrentamos a situaciones similares: una vez que suceden los hechos, los medios dedican una amplia cobertura, la sociedad expresa su indignación, la oposición señala que es prueba del fracaso del gobierno federal, las autoridades de procuración de justicia informan, como siempre, que se ha abierto una investigación, los gobiernos locales repiten que no habrá impunidad y el presidente de la República intenta minimizar el caso. Una vez concluida esta secuencia, nos olvidamos del tema hasta que una nueva matanza, rebasa las anteriores. Así ha transcurrido este sexenio, el más sangriento de toda la historia moderna de México. No perdamos la capacidad de asombro y de indignación.
Por más que el presidente López Obrador pretenda presentarnos una realidad diferente a la que se vive en distintos puntos del país, las cifras demuestran que la estrategia planteada por la actual administración para resolver el grave problema de la inseguridad pública ha sido un rotundo fracaso.
Desde el inicio de este gobierno hasta la primera quincena de diciembre, se han registrado 174,500 ejecuciones. La cifra es indiscutible y no puede ser puesta en duda, ya que surge de datos duros emitidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo acontecido en ese mismo periodo en administraciones pasadas refleja la gravedad del tema: en tiempos de Enrique Peña Nieto, el número de homicidios fue de 122,400, mientras que con Felipe Calderón éste fue de 96,400 y con Vicente Fox de 50,600.
La muerte de doce jóvenes este fin de semana, como de decenas de miles más durante esta administración, es la prueba más clara de que en esta materia las cosas no salieron bien y que la promesa de acabar con este profundo mal simplemente no fue cumplida.
Ello no exime a los gobiernos anteriores, que fueron responsables desde la última década del siglo pasado de permitir la multiplicación de las organizaciones criminales y de su creciente avance. El juicio que la historia haga acerca de la inseguridad en México será igual de implacable para unos y otros.
Corresponderá al próximo gobierno, surgido de cualquiera de las fuerzas que se debaten hoy en la arena política, encontrar una salida a este problema que constituye un grave riesgo para la estabilidad del país. Cualquiera que sea la fórmula para combatir a la delincuencia, ésta tendrá que ser puesta en marcha de manera inmediata, dejando de lado todas las fobias que han caracterizado a este gobierno que -así ha quedado comprobado- fracasó en su intento de devolver la paz a nuestro país.
Asombrémonos e indignémonos.