En julio de 2010 y por medio de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. En el documento se destaca la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas, como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, señala que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho (…)”.
Lo anterior significa que todas las personas tenemos derecho al agua. Sin embargo, la disponibilidad, gestión y distribución de ésta muchas veces se encuentran lejos de tal objetivo. Baste mencionar que, desde hace varios meses, en diversas partes del país se han presentado situaciones de sequía extrema. Así, por ejemplo, en julio pasado, ocho de los 32 estados federados de México padecían de ese fenómeno.
La región más afectada es la franja norte del país, en donde se encuentran los estados de Sonora, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. En los dos últimos, casi el 95 por ciento de sus municipios enfrentan algún porcentaje de escasez del vital líquido.
El caso del estado de Nuevo León y sus ciudades más importantes, como Monterrey, Apodaca, Guadalupe, Escobedo, Juárez, San Nicolás, García, Santa Catarina y San Pedro Garza García, es quizá el más representativo de una crisis hídrica que afecta muchas partes de México, pero también de una situación en que se han acumulado problemas de diversa índole en lo que se refiere a la disponibilidad, gestión y distribución estatal de agua a la población.
Si bien en esa entidad federativa la sequía y falta de agua también se presentan por la ausencia de lluvias, clima árido o el cambio climático, también deben considerarse otro tipo de causas que agudizan la escasez del líquido, tales como el crecimiento urbano desordenado de la zona metropolitana de Monterrey, la falta de infraestructura hidráulica y la presencia de un modelo económico que privilegia el uso mercantil del agua por encima de su valor como derecho humano. En Nuevo León, las empresas privadas con concesiones de agua extraen 1,600 litros por segundo.
A ello se suman la falta de diversificación de fuentes del vital líquido, la ausencia de mantenimiento de las fuentes de abastecimiento y la falta de revisión de la disponibilidad de agua subterránea, entre otros factores.
Ante este panorama, el Gobierno del presidente López Obrador firmó recientemente un decreto por el que se establece el plan de acción inmediata para atender la emergencia por el desabasto de agua potable para uso público —urbano y doméstico— en los municipios afectados por baja disponibilidad en sus fuentes de abastecimiento y por sequía en el estado de Nuevo León.
Algunas de las acciones establecidas en el decreto son que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tenga la disponibilidad de todas las aguas concesionadas en Monterrey y en la zona metropolitana para uso diverso; asimismo, la Comisión podrá celebrar los convenios de concertación con los concesionarios y de coordinación con las autoridades locales que se requieran para el cumplimiento del decreto; se estipula un plan de apoyo para el abasto del recurso por medio de la utilización de carro-tanques operados por la Secretaría de la Defensa Nacional; el Gobierno federal coordinará las acciones necesarias para el financiamiento y la construcción de la presa Libertad, y de un acueducto de la presa el Cuchillo II, así como brindar apoyo administrativo para la perforación de pozos de agua emergentes, entre otras.
El agua es un derecho humano y no una mercancía. El presidente López Obrador afirmó que se debe pensar en el desarrollo y no dejar todo al mercado y diluir al Estado. No se quieren, aseveró, islas en el país, rodeadas de pobreza, con zonas de crecimiento, y otras con abandono y marginación.
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