Consumir drogas no significa necesariamente adoptar un comportamiento de adicción, de subordinación a las sustancias ni tampoco de sobredosis o muerte asegurada. La prohibición y la guerra fallida contra las drogas han puesto a las personas consumidoras en peligro sin reducir el consumo, sin disminuir los flujos del mercado ilícito y violento de drogas, cada vez más químicas, cada vez más dañinas.
Cada 26 de junio, por decisión de la Asamblea General de la ONU en 1987, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Un “uso indebido” que sigue estigmatizando, desinformando y atenta contra libertades y derechos. Pero además que cuenta con un objetivo que nunca sucederá: lograr “una sociedad internacional libre del consumo de drogas”. Desde cientos de años se han consumido plantas o sustancias psicoactivas y seguirán consumiéndose.
Este sexenio se caracterizó por seguir la misma política de drogas de los gobiernos anteriores: militarización, extorsión y persecución penal a las personas consumidoras, decomisos y anuncios de detenciones de cabezas de grupos delictivos. A pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirma la inconstitucionalidad de la prohibición total de cannabis promovida por los activismos, el Congreso sigue incumpliendo con su responsabilidad para legislar al respecto como se le ordenó, y por supuesto en la impunidad. El poder ejecutivo siguió criminalizando a las personas usuarias y siendo omiso frente a la urgencia de transitar hacia una política de drogas basada en derechos humanos.
La nueva Legislatura del Congreso y la llegada de personalidades progresistas a puestos claves del Ejecutivo como Juan Ramón de la Fuente en Cancillería o Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía son una oportunidad para impulsar un nuevo paradigma, iniciando por la regulación justa de cannabis. México tiene todo para ser un ejemplo mundial con un modelo exitoso basado en una regulación de Estado, en la evidencia científica, en la prevención, en la justicia social, reparativa, en la reducción de riesgos y daños, y con especial enfoque en el campo.
Hay una luz en el camino con la llegada de Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien desde 2021 retomó e implementó en Iztapalapa las recomendaciones, experiencias y conocimientos de la sociedad civil mediante la creación de los Centros Colibrís. Son espacios comunitarios con talleres, atención psicológica e incluso análisis de sustancias basados en una visión humana y de reducción de riesgos y daños que pueden replicarse en todas las alcaldías.
En vez de la estigmatización o del aislamiento de las personas consumidoras, privilegian la inclusión además de propiciar la información real y el acceso a otros servicios de gobierno. Su estrategia de recorridos cerca de los espacios de consumo ha trasladado el modelo a la calle, garantizando los derechos y el enfoque de salud pública.
Estas dos nuevas administraciones tienen la oportunidad de dejar de perseguir el consumo y la portación simple, que solamente llena las cárceles desde el punitivismo sin resultado, para implementar un modelo mexicano inédito. ¿Tendremos una nueva política de drogas?
