Con la reforma en materia electoral de hace quince años, en 2014, desde el ámbito constitucional fue determinado que el Instituto Nacional en la materia tenga la facultad de designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los Organismos Públicos Locales (OPL). Estos son instituciones dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, además de ser autoridades en materia electoral; y cuentan con un órgano de dirección superior integrado por una Consejera o un Consejero Presidente y seis Consejeras y Consejeros Electorales, en su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género.
Esto sale a colación, porque en el mes de abril del año pasado, a inicios de un periodo complicado para todos por la pandemia, sucedió la publicación del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Entre los temas más importantes de esta reforma integral se encuentra la promoción de la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres; incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales, y sancionar las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género; así como el impulso de la paridad de género en diversos órganos electorales, entre ellos, los OPL.
Así el INE, los OPL, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Con esta reforma, la tercera convocatoria para participar en el proceso de selección y designación de la o el Consejero Presidente del OPL del año pasado concerniente a Chihuahua, Coahuila y Veracruz, estos dos últimos fueron exclusivos para mujeres. Las personas interesadas debieron llenar los nuevos formatos aprobados por el INE, es decir, Modelos de Formatos “3 de 3 contra la violencia” a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre los cuales se encuentra el formato respectivo a las personas que aspiran al cargo de Consejera o Consejero Electoral de los OPL, estableciendo la obligatoriedad de su presentación.
Durante este 2021 se han llevado a cabo dos convocatorias, la primera para el Estado de México exclusiva para mujeres, Morelos y Colima. Y la segunda, que se encuentra vigente es para Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco de manera exclusiva para el género femenino; y para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Con ello, desde el año suman ocho convocatorias exclusivas para mujeres que quieran ocupar el cargo de Consejeras en los OPL.
Durante esta semana se entrevistarán a 286 personas, de las cuales son 147 mujeres y 139 hombres, que llegaron a esta etapa como parte del proceso de selección y designación de 52 Consejeras y Consejeros de Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) en 29 entidades del país. Estas entrevistas están llevando a cabo de manera virtual con el objeto de salvaguardar la salud de las personas aspirantes con motivo de la pandemia por COVID-19, además de ser grabadas de manera íntegra y puestas a disposición de las y los interesados.
Esto se vuelve importante pues confrontar la violencia política contra las mujeres en razón de género ha sido un reto mayúsculo para las instituciones electorales, y más aún cuando esto se convirtió en una conducta tipificada y sancionable que, lamentablemente por las circunstancias sanitarias en aquellos momentos, parecía que no tuvo el eco que le correspondía. No obstante, hoy vemos con agrado que nuestras instituciones electorales se encuentran avocadas en cristalizar esta reforma que tiene como meta, entre otras, una presencia paritaria de mujeres capaces en cargos de decisión.
Y un primer ejercicio de las estrategias que puedan desarrollar se verán a prueba en las elecciones locales del próximo año en los Estados de Durango, Quintana Roo, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo y Tamaulipas.
Hacemos votos por que los papeles de las Consejeras y Consejeros que tomen protesta en próximas semanas sea en beneficio de sus entidades y, en consecuencia, de nuestro país.
