México está vigilado internacionalmente, por donde quiera que se le vea. Las recomendaciones del Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) reveló que 115 países tienen recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, 60 por ciento superiores los exámenes anteriores. La reciente Quinta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe señaló pendientes sustantivos para niñas y mujeres debido al peligro del militarismo y la inseguridad. La pregunta en México es si el tema estará en la agenda de la virtual presidenta electa.
Mientras la opinión pública está saturada de informaciones políticas, seguimos enfrascados en los resultados electorales; ¿Quiénes estarán en el gabinete?, ¿cuándo y cómo estará determinada la lista? ¿A quiénes impone el presidente Andrés Manuel López Obrador? El alegato sigue con la configuración del Congreso, el futuro de la reforma judicial y la división de poderes.
Llama la atención la despreocupación que existe por el futuro de las niñas, sus derechos y la certeza de que el embarazo anticipado además de ser un problema de salud pública, es un asunto de derechos humanos.
México ocupa el vergonzoso primer lugar de embarazo en la adolescencia entre los países de la OCDE. El Instituto Nacional de Salud Pública, publicó en mayo que en 2023, 60 de cada mil adolescentes de 15 a 19 años tuvieron un embarazo.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2022 documentó que una de cada cinco niñas y adolescentes de 12 a 19 años inician su vida sexual y una tercera parte de ellas vivió un embarazo.
Este es un llamado urgente para que el gobierno actúe como lo hizo la Cámara de Diputados hace menos de un año.
Los datos duros del Instituto de Salud Pública dicen que la tasa de fecundidad es de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad; pendiente está el mandato constitucional de evitar los matrimonios infantiles y la venta de niñas. El diagnóstico, de la OPS es contundente, muchos embarazos son resultado de la violencia sexual en los hogares.
Hace casi 12 años el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, sin que ahora se hable de avances. Las acciones o no acciones permanecieron opacas todos estos años. En esta administración, se marginó el problema impactado por los brutales recortes presupuestales.
En la salud pública, los embarazos en adolescentes se asocian con mayores riesgos de complicaciones durante el parto. La mortalidad materna sigue creciendo.
Ser madre para muchas mujeres, significa abandono escolar y una limitante para su desarrollo profesional.
Es evidente que una cosa está relacionada con la otra. La discriminación de las mujeres, no es partidaria, no se puede decir que “hay falsos feminismos”; ni hacer un llamado a despenalizar el aborto en Puebla, al cuarto para las doce, cuando el Congreso Local y la lucha de 17 años, tuvo una decisión.
Sabemos además la dificultad para que la ley tenga efecto en la vida real de las mujeres, si no hay voluntad política, acciones y programas reales.
Tampoco podemos aplaudir el ascenso de las mujeres al poder, si en sus agendas, nacional, local o municipal, se mantiene al margen esta tragedia, que impide a las niñas crecer libres y creativas, si no se incluyen en el presupuesto políticas medibles y ascendentes y deja de ser una frase hueca que se trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres. Veremos.
Periodista. Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo http://www//semmexico.mx
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