El próximo 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará al Congreso de la Unión el último Paquete Económico que ejercerá la administración obradorista. A lo largo del sexenio, la configuración de las finanzas públicas se ha transformado. Sin embargo, a pesar de los cambios se mantiene una constante: la necesidad presupuestal. La política de austeridad ocasionó recortes y reasignaciones, pero el presupuesto total no ha dejado de aumentar. En 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue de 5.8 billones de pesos, para 2024 se estima supere los 8.3 billones de pesos.
La SHCP anunció, como en otras ocasiones, que no habrá sorpresas y que se mantendrá una estructura similar del gasto a paquetes económicos anteriores. No se contemplarán nuevos impuestos y se privilegiará el gasto social. En efecto, de lejos parece que no hay grandes cambios, sin embargo, en el detalle hay aspectos que vale la pena resaltar. La reconfiguración de las finanzas públicas ha disminuido el gasto administrativo o burocrático y ha consolidado el gasto en los programas sociales prioritarios para la administración: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Pensión para las Personas con Discapacidad Permanente y Jóvenes Construyendo el Futuro.
La reasignación de recursos a botepronto parece una buena noticia. Suena bien reducir el gasto administrativo e incrementar el gasto social. El problema es que dentro del gasto administrativo están recursos que tuvieron recortes en el PEF 2023 para el suministro de medicamentos (-25.4%), el programa de vacunación (-55.2%) y el programa IMSS-Bienestar (-15.6%), por mencionar algunos. De ahí la crítica a la aplicación de la política de austeridad a rajatabla, eliminando no solo gastos suntuosos sino indispensables para el bienestar de las personas.
Otro aspecto que habrá que tener en la mira para el Paquete Económico 2024 es la contratación y costo de la deuda pública. Más allá del discurso del presidente, entre diciembre de 2018 y abril de este año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) -el universo de la deuda del sector público federal- aumentó 3.37 billones de pesos, lo que representa un incremento en términos reales de 5.7%. Tan solo este año, la contratación de deuda interna se estima en 1 billón 176 mil mdp. Además, para este año se destinará más de 1 billón de pesos para pagar la deuda pública.
La propia SHCP reconoció en los Pre Criterios Generales de Política Económica -documento que contienen las estimaciones de las principales variables macroeconómicas para el cierre de 2023 y 2024- que se espera para este año una disminución de ingresos presupuestarios de 131 mil 537 millones de pesos. Ocasionada por la caída de los ingresos petroleros asociados a menores precios del petróleo, gas natural y al tipo de cambio. Para 2024, se estima que los ingresos presupuestarios sean mayores en 66 mil mdp que se alcanzarían gracias a una mayor recaudación de impuestos, mientras que los ingresos petroleros seguirán cayendo.
En el Paquete Económico 2024 se vislumbra la continuación de recortes que pueden afectar gastos sensibles para la atención de la población, y al mismo tiempo, una cascada de apoyos sociales en año electoral. Tan solo el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se prevé con un aumento de 100 mil mdp. Este incremento en apoyos sociales, aunado al costo de la deuda pública, dejará sin margen al gobierno para hacer política pública y atender las carencias de la población.
La siguiente administración tendrá que desactivar la bomba de tiempo que dejará el manejo de las finanzas públicas del actual Gobierno Federal. Habrá que obtener nuevas fuentes de recursos y reponer ahorros para darle sostenibilidad a la necesidad presupuestal. Poco importará si quieren o no hacer una reforma fiscal.
Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
