Por Ana Lilia Moreno @analiliamoreno
Ha despertado gran interés la reciente presentación de la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico por parte de la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González. Puso en el centro del debate la necesidad de articular leyes secundarias que, una vez publicada la reforma constitucional en materia de industrias estratégicas, puedan responder a las necesidades de los consumidores. La gran pregunta es si esta Estrategia permitirá ofrecer un suministro eléctrico confiable, continuo y asequible.
En su discurso, tanto la secretaria como Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hicieron referencia a conceptos que se manejaron durante el sexenio anterior. Sin embargo, un análisis más detallado muestra elementos diferenciadores.
Por ejemplo, si hablamos de pobreza energética, unas 18 millones de personas en México (el 13.7% de la población), según Inegi, aún utilizan leña como principal fuente de energía; estudios del Colegio de la Frontera Norte, señalan que el 36.7% de los mexicanos no tiene acceso completo a satisfactores energéticos. La CFE y la Secretaría de Energía, indican que cerca de 1 millón de personas aún no tienen electricidad por habitar zonas de difícil acceso. Ante estas métricas, el compromiso de llevar corriente eléctrica a 523 mil mexicanos es una meta incluso ambiciosa.
En términos de política tarifaria, Sheinbaum ha decidido mantener los subsidios al consumo residencial para evitar incrementos en términos reales. Aquí una novedad es que los hogares podrán utilizar dicho subsidio en la adquisición de paneles solares de hasta 0.7 MW sin necesidad de permiso, pues se amplían los límites para la generación distribuida. A nivel industrial, se podrán generar hasta 20 MW para consumo propio.
A pesar de estas medidas, la Estrategia sigue limitando la participación privada en la generación eléctrica a gran escala. El gobierno establece un tope de 46% para el sector privado en el mercado de generación y otro de 9,550 MW para energías renovables hasta 2030. Este límite de participación (54% CFE y 46% privados) en realidad es arbitrario. Corresponde a niveles de 2017, cuando se temía que nuevas inversiones en tecnologías limpias reducirían la cuota de mercado de la CFE como efecto de mecanismos que incentivaron una disminución de costos, como las subastas. Sin embargo, ese umbral permanece sin ser cuestionado, y ahora se usa como criterio para la nueva figura “productores mixtos”, cuyos detalles aún no se dan a conocer.
En ese sentido, aunque se menciona la continuidad del Mercado, no se aclaran los términos de su operación. Es decir, qué será del llamado despacho de energía, si habrá o no subastas, certificados de energías limpias, almacenamiento y potencia, etc. Lo que sí queda claro es el objetivo de fortalecer a la CFE como actor dominante.
El interés del Poder Ejecutivo en reforzar la hiper centralización del control estatal, clara herencia de la administración anterior, contradice los objetivos climáticos de la presidenta, un sello que ella —ha dicho— anhela sea su legado.
La Estrategia Nacional muestra una inconsistencia fundamental, que persiste desde el lopezobradorismo: subordinar la política de reducción de emisiones a las de gas natural y electricidad. Si de verdad el combate contra el cambio climático fuera la prioridad para la política energética, la política climática debería ser el norte para mitigar emisiones en el sector eléctrico, y no, como ahora, que es más bien un añadido.
Estudios recientes, indican que la demanda eléctrica aumentará con el crecimiento de la inversión, la electromovilidad, la digitalización y la inteligencia artificial. Se estima que el país requerirá añadir al menos 4.5 GW de capacidad anual. Hay un problema: la inversión pública proyectada para el sector eléctrico —bajo el supuesto de que no haya subejercicios— será de 3.9 mil millones de dólares anuales, cifra insuficiente para financiar con dinero del pueblo las necesidades futuras de expansión de infraestructura, estimadas entre 5 y 6.4 mil millones de dólares anuales.
Además, al eliminar el régimen especial de las empresas productivas del Estado y suprimir los órganos reguladores coordinados, posiblemente se establecerán incentivos para futuros conflictos de interés que podrían facilitar conductas dirigidas hacia una mayor opacidad, escasa rendición de cuentas, más riesgos de corrupción, y fallas operativas en el sistema, como los odiados apagones.
La experiencia muestra que la planeación orientada a reforzar la propiedad y el poder del Estado, por encima de objetivos de seguridad energética y metas climáticas, en realidad incrementa el precio de los servicios.
En tiempos en que los mercados eléctricos del mundo han logrado disminuciones de hasta 90% de los costos en energía solar y 66% en eólica, el gobierno federal refrenda su preferencia por un sistema costoso en el que la generación con base en fuentes fósiles contaminantes de propiedad estatal supera —según datos oficiales— 2.6 veces la de plantas de propiedad privada de energías renovables.
¿Será posible que en los próximos años México disfrute totalmente de un suministro eléctrico confiable, continuo y asequible? Saque usted sus conclusiones.
La autora es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa
