El sistema de salud en México se ha volcado en atender los impactos de la emergencia sanitaria por COVID, pero los problemas de salud que se venían enfrentando con anticipación siguen ahí y en la mayoría de los casos se han complicado por los riesgos de contagio y la disminución de los servicios, ya de por sí deficientes, que atendían otras condiciones de salud, este es el caso de la muerte materna que es uno de los mayores problemas en materia de salud sexual y reproductiva en México, que se ha agravado durante la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta el 18 de noviembre de 2019 la razón de mortalidad materna calculada fue de 31.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo cual representó un incremento de 1.3 por ciento respecto de lo registrado a la misma fecha del año anterior. Las principales causas de defunción fueron: enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio, hemorragia obstétrica y aborto.
Frente a este panorama la política de salud en México, en los últimos años, ha centrado la atención obstétrica en unidades hospitalarias exclusivamente, esto ha devenido en efectos contraproducentes para la atención en salud materna y neonatal: se ha incrementado el número de cesáreas, y las situaciones en las que las mujeres sufren maltrato y violencia obstétrica.
México tiene una tasa de cesáreas inaceptablemente alta, con 47%, cifra que supera la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de máximo 15% de cesáreas.
Con ese indicador, México se encuentra entre los primeros cinco países con el porcentaje de cesáreas más alto del mundo. Es una práctica que no es inocua e implica riesgos inherentes, quirúrgicos y anestésicos asociados con una mayor morbilidad y mortalidad materna. Estudios a nivel mundial revelan además que solo un porcentaje menor al 10 por ciento de las mujeres prefieren la cesárea respecto al parto, es decir, el incremento de las cesáreas no tiene relación con las decisiones de las mujeres.
Parir en la pandemia, de acuerdo con datos de la Semana Epidemiológica 53, presentados por la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, ha sido altamente riesgoso. La razón de mortalidad materna calculada, hasta el primero de enero de 2021, fue de 46.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 37.8% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior, y los datos ponen en evidencia que las muertes maternas, por razón de COVID, han superado en 2020 a las de 2019.
A nivel global, diversos organismos internacionales como la OMS, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), ONUSIDA, entre otras; han mostrado su preocupación por las implicaciones para la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal ante el COVID-19, particularmente en la disminución del acceso a servicios como anticoncepción, aborto, servicios de detección de cáncer cervicouterino, de mama, parto y emergencias obstétricas. En México el Comité Promotor por una Maternidad Segura, el Observatorio de Mortalidad Materna y la Asociación de Parteras profesionales han mostrado su preocupación sobre el tema.
En razón de ello varias diputadas presentamos una iniciativa que busca que el gobierno federal instrumente acciones para establecer unidades de partería como espacios físicos independientes o claramente separados de los servicios hospitalarios, que brinden servicios de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal a mujeres sin complicaciones médicas bajo el modelo de atención de partería para la atención en un entorno colaborativo con la familia y otros profesionales, acogedor y respetuoso de las decisiones de las mujeres integrado al sistema de salud y a las necesidades de la comunidad. Ojalá pronto lo logremos.
