Cuando se habla de nuestros diputados es frecuente oír críticas a su desempeño y abuso de poder. Por décadas han gozado de privilegios y prebendas que enraizaron el desprestigio generalizado. Esa forma de operar no hubiera sido posible si no estuviera cobijada por los grupos parlamentarios. El propósito de éstos es promover la actuación coordinada para que puedan cumplir con su plataforma electoral y agenda legislativa. En la práctica, esto se tradujo en que es más fácil que un diputado represente a un partido que a un ciudadano.
De acuerdo con el Informe Legislativo 2022, los diputados locales sin afiliación partidista prácticamente han desaparecido. Pasaron de ser 40 en 2020 a solo uno en todo el país. Además, únicamente tres grupos parlamentarios Morena (36.4%), PAN (19.4%) y PRI (16.6%) concentran el 72.4% de las diputaciones locales en todo el país.
La composición de los congresos locales importa porque en ellos radica la oportunidad de que los diputados funcionen como contrapesos. Los diputados locales tienen facultades para vigilar el uso de los recursos públicos o aprobar o rechazar reformas constitucionales, ratificar funcionarios de alto nivel y exigir la rendición de cuentas a los gobernadores y las gobernadoras. En esta nueva composición de los congresos locales producto de la elección de 2021, resalta la existencia de diputados pertenecientes a partidos estatales (sin registro nacional).
De los 1,113 diputados locales que hay en el país, el 6.4% pertenece a algún partido estatal: 48 diputadas y 23 diputados. El origen y propósito de estos partidos locales es variado. En el 2016, los diputados locales pertenecientes a partidos estatales representaban solo el 3.1% y había casos como el congreso de Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Coahuila que tenían 2 o 3 partidos locales. Actualmente, Tlaxcala y Chiapas tienen en su congreso 4 partidos locales. El congreso que más diputados de partidos locales tiene es el de Sinaloa con el Partido Sinaloense (8 diputados).
Como sucede con la creación de comisiones al interior de los congresos, en donde existe un incentivo a crearlas para repartirlas entre los diputados y que todos reciban recursos adicionales para su manejo, en el caso de los partidos políticos, también pueden existir incentivos para su creación. Algunos de estos partidos estatales tienen historia, ideología y agenda propia, otros, sirven de satélites para arrebatar escaños a grupos parlamentarios de oposición y fragmentar las votaciones. Tampoco es extraño ver que los partidos locales se alineen con el grupo parlamentario que represente la primera mayoría.
La conformación actual de los congresos locales resalta tres hallazgos: a) existe una mayor pluralidad y diversidad de fuerzas políticas, que en algunos casos se puede traducir en parálisis legislativa; b) las candidaturas independientes y los incentivos para alejarnos de un régimen de partidos no están funcionando y; c) ningún grupo parlamentario por si solo tiene la capacidad de aprobar reformas constitucionales.
Poco duró el uso de las figuras de participación ciudadana impulsadas en la reforma política de 2014. Los partidos políticos terminaron por apropiarse de todas las candidaturas a puestos de elección popular. Las reglas actuales favorecen la conformación de grupos parlamentarios y dejan en desventaja a legisladores sin partido. Al ser juez y parte, difícilmente renunciarán a sus privilegios y cambiarán las reglas que permitan un piso parejo en las contiendas electorales. La partidocracia nos gobierna.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
