La transparencia es un instrumento clave para nuestro modelo de democracia, pero cuando logró concretar su primera ley federal en 2002, tenía muchos obstáculos para quien decidiera pedir información sobre los partidos políticos. Entonces eran muy pocos los datos que de forma obligatoria debían proporcionar a la sociedad y eso poco lo entregaban de forma indirecta a los solicitantes, a través de la autoridad electoral. No tenían que informar, por ejemplo, cuál era el salario de sus dirigentes, algo que generó una sentencia relevante del Tribunal Electoral en 2004. Finalmente, desde la reforma 2014 en esta materia, se convirtieron en “sujetos obligados directos” de la ley y esa, junto con mucha más información ya es una obligación de oficio que deben tener disponible en sus páginas de internet incluso sin que alguien tenga que pedirla antes.
Los partidos políticos vivieron casi tres lustros un diseño de transparencia que no les exigía mucho, pero que hoy los equipara a cualquier institución que maneja recursos públicos. Por ello tienen las mismas obligaciones y plazos para entregar toda la información en su poder, salvo en casos excepcionales como lo relativo a datos personales y tienen el mismo árbitro (el INAI) en caso de negativa a entregar algún dato. Desde 2014 la regla es la apertura que antes era casi una excepción.
La transparencia abre puertas y ventanas a los contextos de exigencia que permiten evaluar el quehacer político, rechazar sus errores, identificarse con sus aciertos o comparar alternativas de gobierno o representación popular en el ámbito legislativo. El tema es que una buena ley no se concreta si no se ejerce el derecho y no se arraigan rutinas para que aprovecharlo en toda su dimensión.
Con las normas vigentes en materia de transparencia se permite que cualquier persona dé seguimiento puntual a rubros concretos de la gestión pública mediante solicitudes, y con ello puede vigilar cómo se ejerce el poder y obtener insumos de todo lo que se genera con el presupuesto público, desde documentos generales o informes anuales hasta oficios del día a día, facturas, contratos o convenios muy específicos, igual que el monto de salarios y gastos de cada peso que proviene del erario; permite evaluar el desempeño de partidos igual que el de gobiernos o poderes públicos y ayuda a refrendar respaldo o a castigar malas gestiones a través del voto informado.
Antes de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia, el INAI podía exigir apertura de información únicamente a 246 sujetos obligados, pero ahora el número se ha incrementado a 890. La transparencia no es ya un tema solo de gobiernos locales o federales, es de partidos, de sindicatos, de fideicomisos y cualquier persona que ejerza recursos públicos.
Previo a la nueva ley general de transparencia había 17 rubros de información pública de oficio y ahora se han incrementado a 48 comunes para todos los sujetos obligados. Esto significa que son más los datos que puede consultar cualquiera en internet sin que tenga que solicitarlos.
El comportamiento de las solicitudes de información se ha incrementado paulatinamente para partidos políticos. Tenemos que de 2015 que se aprobó la Ley General y para agosto de este año ya se habían registrado, para el conjunto de partidos, un total de 10 mil 695 solicitudes de información.
El partido que más solicitudes ha recibido es MORENA (2 mil 175), seguido por el PRI (1 mil 909) y el PAN (1 mil 791). El que menos ha recibió fue el Partido Encuentro Social (666), aunque perdió el registro el año pasado.
Si analizamos cómo han evolucionado las solicitudes año tras año, encontramos que por ejemplo, 2016 MORENA tenía solo 281 solicitudes, pero esa cifra se triplicó para 2017 con donde hubo 655 solicitudes y luego, el año electoral de 2018 tuvo 776 solicitudes. Siguen siendo cifras bajas todavía frente a una base de casi 90 millones de electores, pero es innegable que año tras año hay un crecimiento constante y que costó mucho arribar a un escenario con partidos obligados a ser más transparentes. Hay herramientas democráticas sólidas, el reto es que se utilicen y que la exigencia también sea mayor en favor del voto razonado.
*Consejero del INE
@MarcoBanos
