Por Ana María Ibarra

La gente tiende a pensar que la creación del derecho es una función exclusiva del congreso. Pero en realidad, es una labor que el poder judicial realiza todo el tiempo. Y ahora que elegiremos a nuestras personas juzgadoras, debemos evaluar la capacidad de cada postulante para cumplir con esa responsabilidad.

Permítame explicarme usando como ejemplo los derechos humanos. Ya sea que hablemos de igualdad o libertad de expresión, las definiciones que encontraremos en la Constitución son bastante amplias y generales. El legislador siempre deja espacios para la interpretación y son precisamente los jueces, con sus sentencias, quienes se encargan de construir lo que la gente finalmente percibe como sus derechos.

Llamamos a este proceso “desarrollo jurisprudencial” y es de gran importancia en prácticamente todas las ramas del derecho, porque brinda estabilidad, certeza y predictibilidad al marco jurídico. Tanto, que un abogado no puede litigar un caso sin conocer las famosas tesis de jurisprudencia, que sintetizan las decisiones que los tribunales han tomado previamente en casos semejantes.

El precedente judicial también garantiza la igualdad en la aplicación de la ley. Supongamos que vamos a juicio. Lo primero que querremos conocer son las reglas del juego (digamos, las decisiones previas), así como el criterio del árbitro (qué tanto se apega a la jurisprudencia), porque nuestra estrategia legal dependerá de saber la relación entre esos dos factores. Así funciona nuestro marco jurídico: a casos similares, respuestas similares.

Todo ese derecho contenido en las decisiones de los tribunales no desaparece con la reforma constitucional. Al contrario, son criterios que seguirán siendo obligatorios para quienes entren en funciones en septiembre próximo.

Sin embargo, el derecho basado en precedentes no tiene por qué ser estático. A diferencia de las leyes, la jurisprudencia sí puede modificarse rápidamente cuando existen razones de peso. Sólo se requiere que el juzgador justifique esta nueva reflexión con una argumentación sólida. Mientras que cambiar la ley requiere de todo un proceso legislativo de reforma, para revocar un criterio basta con una nueva decisión justificada del tribunal.

Entonces, las y los jueces enfrentan una tensión constante entre seguir las decisiones del pasado y adaptar su criterio a las necesidades del presente. Ambas alternativas ofrecen pros y contras para la gente. Por ejemplo, un sistema de precedentes fuerte genera confianza en el sistema de justicia, pero uno dinámico permite responder con agilidad a las nuevas demandas de la sociedad, sabiendo que lo único constante es el cambio.

Lo que debe quedar claro, es que el derecho no puede ir por un camino y la realidad social por otro. México requiere de juzgadores capaces de justificar racionalmente cuando se apartan del precedente con responsabilidad y también con moderación.

En estas elecciones, quien aspire a Ministro, Magistrado o Juez, debe hacer explícita su postura ante el precedente judicial y el permanente cambio social. Es parte fundamental de la filosofía judicial de candidatas y candidatos que tanto insisto que debemos conocer antes de votar.

Cada aspirante tiene que definirse ante la sociedad como progresista (es decir, sensible a la modernidad y empático a las dinámicas sociales), o bien, como formalista (que ve al derecho como un sistema cerrado e inflexible de normas jurídicas). Sólo así podremos ejercer el voto de manera informada el próximo año. Lograr el equilibrio entre ambas fuerzas, será nuestra responsabilidad ciudadana.

*Magistrada de Circuito

Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito