Natalia M. Pérez
Nos adentramos a la última semana de un septiembre testigo de debates y de gran intensidad política. Un mes definido por ser el último del gobierno de López Obrador, y, por ende, por su ímpetu en cerrar sus últimos pendientes. Si bien la Reforma al Poder Judicial ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas, no es el único tema relevante que se ha discutido en el Congreso.
La reforma en materia de Guardia Nacional debe de retomar su prevalencia en la discusión pública; especialmente bajo el contexto de violencia que permea en el país. Es imposible ignorar su relevancia con escenarios como el que se desarrolla en Sinaloa en la actualidad, donde en las mañanas se cruzan los niños, obligados a asistir a clases presenciales, y las autoridades, recogiendo los cuerpos asesinados durante la noche; mientras que aquellos responsables de garantizar la seguridad parecen eludir su responsabilidad, señalando a los grupos delictivos como los árbitros responsables de hacer paz.
Se ve lejano aquel 2019 cuando la administración del presidente López Obrador, con el objetivo de combatir la violencia y mejorar la seguridad en el país, creó la Guardia Nacional; una institución de seguridad pública con un carácter civil, aunque gran parte de sus miembros provienen de las Fuerzas Armadas.
Pero, en 2022, sin estar satisfecho por la ya militarizada “guardia civil”, AMLO impulsó la reforma constitucional que fue motivo de discusión en el pleno de la Cámara de Diputados esta semana: una iniciativa que propone que la Guardia Nacional pasara a ser controlada operativamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), consolidando su naturaleza militar.
Es así que, considerando el historial de militarización de la seguridad pública en dictaduras donde los derechos humanos pasan a un segundo plano, es posible comenzar a entender las preocupaciones de conocedores y ajenos respecto a los tintes dictatoriales que ha mostrado México durante este turbulento septiembre.
Y es que, pese a los continuos esfuerzos del presidente y su gabinete por contrarrestar el discurso de que la militarización de la Guardia Nacional será peor para la situación de violencia del país, el inherente vínculo entre las Fuerzas Armadas y la violencia seguirá siendo motivo de debate. Porque claro, desde una perspectiva de paz, la militarización de la seguridad pública es una contradicción por sí misma. Los cuerpos militares están diseñados para confrontar amenazas externas mediante la fuerza, no para mediar conflictos internos o promover una cultura de paz.
Por ello, es importante retomar la conversación de la reforma a la Guardia Nacional desde la esfera de construcción de paz, planteándonos que, si bien es comprensible que la violencia y la inseguridad en el país demandan acciones contundentes, recurrir a una mayor militarización podría ser una solución que agrave el problema en lugar de resolverlo. En cambio, debemos de exigir la implementación de una estrategia de paz sostenible que conlleve el fortalecimiento de las instituciones civiles, la inversión de justicia social y la promoción de la participación de las comunidades en la seguridad.
