Recientemente tuve la oportunidad de estar en Venezuela como parte de la Misión de Observación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe (COPPPAL), misma que estuvo acreditada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo que presencié durante ese proceso electoral me dejó una profunda impresión y subrayó la relevancia geopolítica de Venezuela en el ámbito regional e internacional.
Uno de los aspectos más alarmantes fue constatar la notable injerencia de potencias extranjeras en la política venezolana. Según el Informe Global de Política de Poder de 2023, países como Rusia e Irán han incrementado su influencia en América Latina mediante el respaldo a regímenes afines, entre ellos, el de Nicolás Maduro. Durante mi estancia, observé cómo se otorgaba un trato preferencial a delegados de estos países, así como a representantes de la Unión Africana, lo cual contrasta con la hostilidad y el rechazo que enfrentaron otros observadores internacionales, muchos de los cuales fueron expulsados antes o después de su llegada. Este trato dispar plantea serias interrogantes sobre los intereses que motivan estas alianzas.
Nuestro Observatorio llegó a Venezuela con la intención de mantener una postura imparcial y transparente, aun cuando entre los partidos que integran la COPPPAL existen diferencias ideológicas notables. Esta diversidad nos ha permitido evitar pronunciamientos apresurados sobre lo que, para muchos, constituye un fraude electoral evidente. Sin embargo, ignorar la realidad de la represión es imposible.
Según el informe anual de Human Rights Watch, más de 2,000 personas han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela bajo acusaciones fabricadas de terrorismo y traición a la patria. Las imágenes de violencia en las calles, los asesinatos extrajudiciales y la narrativa oficial que culpa a "las fuerzas reaccionarias de la derecha" son pruebas del ambiente de terror en el que viven los venezolanos. La afirmación del gobierno de que el país está en paz y que su gente es feliz bajo el régimen de Maduro se enfrenta a una realidad mucho más cruda y dolorosa.
La situación en Venezuela no puede reducirse a una simple dicotomía entre buenos y malos. El país no transitará hacia la democracia sin un acuerdo entre los distintos grupos de poder, tanto internos como externos. Las reservas de petróleo venezolanas, que ascienden a 304 mil millones de barriles según la OPEP, superan incluso a las de Arabia Saudita, lo que hace del país un botín geopolítico codiciado.
La disputa por el control de estos recursos va más allá de lo que un simple conflicto interno podría explicar; es un juego de poder que involucra intereses económicos globales de gran magnitud.
En lo que sí parece haber un consenso generalizado es en la condena a la persecución política y la tortura de los detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente que las detenciones arbitrarias en Venezuela son parte de una estrategia deliberada para suprimir la disidencia política.
En este contexto, la COPPPAL ha intentado posicionarse como un interlocutor válido que promueva el diálogo hacia una transición democrática, pero la realidad sugiere que este objetivo es cada vez más difícil de alcanzar. Como señala el politólogo Larry Diamond, el retroceso democrático en el mundo es una tendencia preocupante, y Venezuela es un claro ejemplo de ello.
El péndulo de la historia parece alejarse de los gobiernos democráticos para favorecer la aparición de nuevas dictaduras, que paradójicamente llegan al poder a través de las urnas. Las organizaciones democráticas debemos señalar esto y condenarlo.
*Sofía Carvajal Isunza es abogada por la UNAM, Secretaría de Asuntos Internacionales del CEN del PRI; Secretaría Ejecutiva de la COPPPAL; Diputada Federal del PRI y Presidenta del Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe de la Unión Interparlamentaria.
