Por Estela Casados
El pasado 7 de agosto la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) sorprendió al país cuando informó vía oficio al Gobernador de San Luis Potosí que levantaría la Alerta de violencia de género por feminicidio en los municipios de Tamazunchale, Matehuala y Tamuín de aquella entidad. Según datos oficiales, desde 2020 se ha registrado un número menor de feminicidios y homicidios de mujeres en esas demarcaciones municipales.
En la misma fecha en que se hizo pública la comunicación al Ejecutivo de San Luis Potosí, la CONAVIM emitió la “Actualización de resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida para el Estado de San Luis Potosí”.
De manera más o menos resumida, ahí se expone que se aprobó el Dictamen de las acciones realizadas por el gobierno de aquella entidad para atender las medidas de seguridad, justicia y reparación establecidas por la Declaratoria. En dicho documento se establece que desde el 6 de junio de 2024, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) propuso la modificación del estatus de los tres municipios potosinos aludidos, entre otras “actualizaciones”.
Diversas colectivas feministas potosinas mostraron indignación e inconformidad ante esta decisión. De acuerdo con lo que han expresado, los homicidios de mujeres y feminicidios no han disminuido, como tampoco lo han hecho otras violencias hacia las mujeres.
A pesar de la importancia del tema, este pareció perderse entre las noticias generadas por los Juegos Olímpicos, la Constancia entregada por el Tribunal Electoral a quien será la primera Presidenta de la República, entre otras notas relevantes.
¿Qué implica la expulsión de municipios de la Declaratoria de Alerta implementada por el gobierno federal en San Luis Potosí? ¿Cómo afecta esta resolución a los demás municipios de aquella entidad y de otros estados de la República que cuentan hasta con dos Declaratorias de Alerta? Y, tal vez lo más importante, ¿cómo entiende la CONAVIM y los GIM a la violencia de género? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales por varias razones.
Desde hace tiempo se ha manejado que el descenso en las cifras por feminicidio es evidente en los datos oficiales, pues, además de que refleja el buen oficio gubernamental, nos permite observar que la vida de las mujeres se salvaguarda cada vez más y mejor. En medio del deseo de que esto sea una realidad palpable para todas, a bote pronto surgen al menos dos preocupaciones.
La primera es el hecho de que las fiscalías proveen datos oficiales siendo que inician carpetas como homicidios cuando deberían calificar los casos como feminicidios. Es decir, de inicio se varía el delito, aunque haya razones de género indicadas por el Código Penal que permitan iniciar carpetas, y posteriormente judicializarlas, como feminicidios. ¿En qué porcentaje ocurre esto? No lo sabemos, salvo por las quejas y denuncias públicas de las familias dolientes que lejos están de recibir justicia.
Bajo esta lógica, la segunda preocupación es que se entiende que la resolución del feminicidio consiste únicamente en reducir las cifras e ir expulsando a los municipios y, tal vez, después a los estados del país del espectro de las Declaratorias.
Esto no implica una solución para las mujeres. En todo caso, invisibiliza la violencia de género, solo que ahora bajo el manto oficial. “Ya no estamos bajo Alerta por feminicidio, ya podemos hacer nuestra vida normal”. Bien sabemos que esto no es así.
Por ejemplo, tenemos el caso del estado de Veracruz. Agosto es el mes en el que se dará respuesta al requerimiento de CONAVIM que llevaría a este estado a una tercera Declaratoria de Alerta, ahora por desaparición de mujeres.
Si bien observamos que a la par del Instituto Veracruzano de las Mujeres, diversas instancias del gobierno estatal hacen publicaciones en redes sociales todos los días y a toda hora sobre las capacitaciones y convenios que debieron llevar a cabo desde hace años, pero que hacen hasta ahora a marchas forzadas, es innegable que las desapariciones de mujeres se han multiplicado.
Veracruz tiene una Alerta por feminicidio y otra por agravio comparado. La violencia de género, en particular las violencias contra las mujeres no lastiman por separado. Feminicidio, agresiones y desapariciones de mujeres son parte de una amalgama de muerte que no se soluciona por separado.
Donde hay feminicidio, hay violencia sexual, física y sicológica. Seguramente hay desaparición también. Expulsar territorios de las Declaratorias de Alerta de Género contra las Mujeres se traduce en fortalecer otras violencias y, a mediano o corto plazo, intensificar la muerte de mujeres.
*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
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