Por Estela Casados
No ha pasado ni una semana de vacaciones de verano y la Universidad Veracruzana ha reactivado sus redes sociales para emitir un comunicado oficial exigiendo a las autoridades la aparición de la estudiante Cynthia González, alumna de la Licenciatura en Ingeniería Petrolera, desaparecida en la región Poza Rica-Tuxpan.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz son señalados por este hecho, ya que, de acuerdo con información proporcionada por la mamá de la alumna universitaria, en enero de 2024 interceptaron a Cynthia argumentando que debían hacerle una revisión.
Este episodio dio lugar a un acoso constante en los siguientes meses por parte de elementos policiacos hasta la desaparición de la joven el 12 de junio pasado.
Obviamente, estos hechos no pasan desapercibidos para la población tanto por la incertidumbre generada ante la desaparición como por las acusaciones que pesan sobre las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
No es la primera vez que impiden el libre tránsito de jóvenes de manera irregular e ilegal, propinando golpizas a hombres y mujeres por igual, provocándoles lesiones graves e incluso la muerte. Todo ello sin que haya sanción de por medio, fomentando la impunidad y la corrupción.
Justo en febrero de 2024, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), turnó un informe al Ejecutivo estatal con lo que prácticamente inició el procedimiento para una posible tercera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por desaparición.
Es en este contexto que tiene lugar la desaparición de Cynthia, por lo que provoca indignación y preocupación entre la comunidad universitaria y la población en general.
Tal como observamos, la desaparición de mujeres no es un fenómeno esporádico en el estado de Veracruz. Si bien no tenemos datos precisos al respecto, sabemos que su intensificación vino de la mano con la consolidación del crimen en la entidad, cuyas agrupaciones lograron organizarse mejor que el gobierno local o en contubernio con él.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas señalan que en nuestro estado de 2010 a junio de 2024 han desaparecido cuatro mil 440 mujeres. Veracruz, Xalapa y Córdoba figuran como los municipios con mayor incidencia.
Fue en 2021 que el fenómeno se intensificó de forma grave. De acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, ese año se registraron 685 casos. Ello marca una diferencia alarmante, pues entre 2018 y 2020 no se habían rebasado las 280 desapariciones anuales.
Si bien la situación era preocupante, el incremento evidenciaba que se había salido de control. Sin embargo, aún no habíamos tocado fondo: en 2023 el Observatorio documento 903 desapariciones de mujeres. Vale señalar que 549 fueron localizadas, ocho de ellas sin vida.
Sin duda, esta es una de las violencias más fuertes y visibles en Veracruz. A fuerza de búsquedas y reclamos, los colectivos evidencian la crisis humanitaria que vive la entidad. Una crisis que desde hace más de una década se ha querido invisibilizar, pero lamentablemente hoy se encuentra más fuerte que nunca.
*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana
