/ sábado 19 de octubre de 2024

¿Plan Nacional y Programa de Cultura?

A lo dicho por la presidenta Sheinbaum, el Poder Ejecutivo recibirá el año 2025 con cambios radicales. Se viene una suerte de correlato a la reforma al Poder Judicial. El alcance tendrá su primera revelación en el paquete económico (Ley de Ingresos) que se presentará después del puente de los fieles difuntos. Unos días después, por la vía rápida de la mayoría gobernante, se fincará el desvelamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Además, la maquinaria legislativa tendrá que hilvanar un montón de ajustes a numerosas leyes y reglamentos, como el de la Secretaría de Cultura, cuyo rostro anda en la sala de cirugías. En especial me causa inquietud la suerte de la Ley de Planeación. Es una cuarentona que procreó Miguel de la Madrid en 1983. Fue la respuesta al caos heredado de un presidencialismo sin perspectiva de ordenación del desarrollo.

Odiada por ya saben quien, causante de irritación permanente en los cultivadores del poder omímodo, dolor de cabeza para quienes operan el presupuesto, fuente de intolerancia para los técnicos hacendarios. Marco legal cumplido a medias, paraíso de los académicos y futurólogos. Eso y más, en un sentido y otro. La Ley de Planeación establece un sistema democrático para dirigir el desarrollo nacional, con un enfoque en equidad, inclusión y sostenibilidad.

De ella nace la noción de un Sistema Nacional de Planeación Democrática. La Secretaría de Hacienda es responsable de coordinar el documento matriz, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como los programas derivados, que pueden ser sectoriales, institucionales, regionales o especiales. De realizarse, el de Sheinbaum será el octavo de la serie. Para la Secretaría de Cultura será el segundo Programa Sectorial, luego de siete especiales en la etapa del Conaculta.

El Ejecutivo Federal tiene la obligación de elaborar el PND y la mandataria debe presentarlo a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil de febrero. Si la Cámara no se pronuncia en un plazo de dos meses, el plan se considera aprobado en los términos presentados. El conjunto de intenciones debe incluir objetivos nacionales, previsiones de recursos y estrategias, alineados con las prioridades del desarrollo integral del país.

El PND está vinculado al ciclo fiscal, al ejercicio armónico de los programas y presupuestos. Para los que bateamos del lado del sector cultural, dicha ley pone énfasis en la factibilidad cultural de las políticas públicas, letra muerta al fin, lo que se supone debería asegurar que el desarrollo respete las particularidades culturales de la sociedad. En otra arista idílica, el plan también dicta que, para su concepción, debe darse la participación social mediante la convocatoria a foros de consulta a efecto de asegurar su representatividad. La vigencia del PND no puede exceder el periodo constitucional del gobierno que lo elabora, aunque puede incluir proyecciones a largo plazo.

Piedra de toque es el modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PbR). Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a la consecución de objetivos y resultados. Su enfoque es mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público. Planear, ejecutar y evaluar todos los programas hacia el cumplimiento de metas concretas y medibles. En el PbR se establecen indicadores de desempeño para evaluar el impacto así como justificar el gasto con base en los resultados obtenidos. Ello impone la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

De manera adicional, cabe recordar que en cada entidad federativa se cuenta con un Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE). Hay también algunos institutos municipales de planeación. Los comités se supone que están integrados por representantes del gobierno estatal, municipal, organizaciones sociales y del ámbito empresarial, quienes deben vigilar y evaluar lo comprometido en sus localidades. Una función central de los comités es la alineación con los objetivos establecidos en el PND en los del Desarrollo Sostenible (ODS). Por su parte, los institutos son instancias de investigación y consulta, coadyuvantes del despliegue gubernamental.

De esta película por ver, la presidenta deslizó, el 30 de septiembre que, ante los ajustes “algunos compañeros y compañeras tendrán un puesto y después irán a otro”. Seguido de que “en todas las secretarías vamos a disminuir aún más el gasto en el gobierno y también algunas a ajustar la estructura orgánica para que puedan funcionar con los nuevos programas”.

CODA. ¿Viene una Secretaría de Cultura y Turismo? ¿Cuánta gente quedará sin trabajo por el nuevo apretón, que incluye la desaparición de los organismos autónomos? ¿Se atreverán a tocar a la estructura sindical para que pongan su cuota en el sacrificio?

Liga a las declaraciones referidas en X.

https://x.com/sprinforma/status/1840829379682976117?s=46&t=YQtigpVxxpl4MzNR4Cyi1g


A lo dicho por la presidenta Sheinbaum, el Poder Ejecutivo recibirá el año 2025 con cambios radicales. Se viene una suerte de correlato a la reforma al Poder Judicial. El alcance tendrá su primera revelación en el paquete económico (Ley de Ingresos) que se presentará después del puente de los fieles difuntos. Unos días después, por la vía rápida de la mayoría gobernante, se fincará el desvelamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Además, la maquinaria legislativa tendrá que hilvanar un montón de ajustes a numerosas leyes y reglamentos, como el de la Secretaría de Cultura, cuyo rostro anda en la sala de cirugías. En especial me causa inquietud la suerte de la Ley de Planeación. Es una cuarentona que procreó Miguel de la Madrid en 1983. Fue la respuesta al caos heredado de un presidencialismo sin perspectiva de ordenación del desarrollo.

Odiada por ya saben quien, causante de irritación permanente en los cultivadores del poder omímodo, dolor de cabeza para quienes operan el presupuesto, fuente de intolerancia para los técnicos hacendarios. Marco legal cumplido a medias, paraíso de los académicos y futurólogos. Eso y más, en un sentido y otro. La Ley de Planeación establece un sistema democrático para dirigir el desarrollo nacional, con un enfoque en equidad, inclusión y sostenibilidad.

De ella nace la noción de un Sistema Nacional de Planeación Democrática. La Secretaría de Hacienda es responsable de coordinar el documento matriz, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como los programas derivados, que pueden ser sectoriales, institucionales, regionales o especiales. De realizarse, el de Sheinbaum será el octavo de la serie. Para la Secretaría de Cultura será el segundo Programa Sectorial, luego de siete especiales en la etapa del Conaculta.

El Ejecutivo Federal tiene la obligación de elaborar el PND y la mandataria debe presentarlo a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil de febrero. Si la Cámara no se pronuncia en un plazo de dos meses, el plan se considera aprobado en los términos presentados. El conjunto de intenciones debe incluir objetivos nacionales, previsiones de recursos y estrategias, alineados con las prioridades del desarrollo integral del país.

El PND está vinculado al ciclo fiscal, al ejercicio armónico de los programas y presupuestos. Para los que bateamos del lado del sector cultural, dicha ley pone énfasis en la factibilidad cultural de las políticas públicas, letra muerta al fin, lo que se supone debería asegurar que el desarrollo respete las particularidades culturales de la sociedad. En otra arista idílica, el plan también dicta que, para su concepción, debe darse la participación social mediante la convocatoria a foros de consulta a efecto de asegurar su representatividad. La vigencia del PND no puede exceder el periodo constitucional del gobierno que lo elabora, aunque puede incluir proyecciones a largo plazo.

Piedra de toque es el modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PbR). Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a la consecución de objetivos y resultados. Su enfoque es mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público. Planear, ejecutar y evaluar todos los programas hacia el cumplimiento de metas concretas y medibles. En el PbR se establecen indicadores de desempeño para evaluar el impacto así como justificar el gasto con base en los resultados obtenidos. Ello impone la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

De manera adicional, cabe recordar que en cada entidad federativa se cuenta con un Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE). Hay también algunos institutos municipales de planeación. Los comités se supone que están integrados por representantes del gobierno estatal, municipal, organizaciones sociales y del ámbito empresarial, quienes deben vigilar y evaluar lo comprometido en sus localidades. Una función central de los comités es la alineación con los objetivos establecidos en el PND en los del Desarrollo Sostenible (ODS). Por su parte, los institutos son instancias de investigación y consulta, coadyuvantes del despliegue gubernamental.

De esta película por ver, la presidenta deslizó, el 30 de septiembre que, ante los ajustes “algunos compañeros y compañeras tendrán un puesto y después irán a otro”. Seguido de que “en todas las secretarías vamos a disminuir aún más el gasto en el gobierno y también algunas a ajustar la estructura orgánica para que puedan funcionar con los nuevos programas”.

CODA. ¿Viene una Secretaría de Cultura y Turismo? ¿Cuánta gente quedará sin trabajo por el nuevo apretón, que incluye la desaparición de los organismos autónomos? ¿Se atreverán a tocar a la estructura sindical para que pongan su cuota en el sacrificio?

Liga a las declaraciones referidas en X.

https://x.com/sprinforma/status/1840829379682976117?s=46&t=YQtigpVxxpl4MzNR4Cyi1g