Como era de esperarse, en cualquier escenario de la votación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de senadores de los partidos de oposición e independientes, para impedir la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional –en particular al nuevo Estado Mayor Conjunto, la polémica sería intensa. Y seguirá, dado el plazo estipulado por la misma Corte, pues abrió un dilatado período de 8 meses (hasta el 1 de enero de 2024) para que se lleven a cabo los arreglos y ajustes necesarios y se cumpla con el mandato de máximo tribunal de la Nación.
Como es natural a un ambiente de polarización política y mediática como el que vivimos, las posturas más comunes y por menos consistentes, fue la de calificar o descalificas, quizá, entre “ganadores” y “perdedores”, cuando la naturaleza de la actividad política y de la política en si, es de constantes ajustes y reacomodos. Asumir que hay una situación de “suma cero”, es decir que suponer que quién de manera eventual logró “imponer”, “ganar” o algún otro símil, “arrinconó” o peor aún “humilló” al supuesto perdedor. Transitar esa ruta de argumentación, sólo conduce a profundizar la polarización y por consecuencia, a empobrecer la calidad y sustancia del debate y los razonamientos.
Debe partirse de que México es una República. Y como tal, cuenta con un evidente equilibrio de Poderes, que desde luego en el sentido de las articulaciones de los grupos de poder y de intereses, presionan para lograr ventajas o afectar beneficios de los rivales. Nada que no forme parte de la historia de la sociedad, de las instituciones y de la política en general. Si bien es cierto que la decisión de 8 votos contra 3, de la SCJN en la muy importante sesión del pasado martes 18, es una modificación de fondo el programa de Seguridad Pública del sexenio del Presidente López Obrador, se trata al mismo tiempo de una evidencia de institucionalidad y fortaleza jurídica del Estado y sistema político.
El mismo Presidente de la República, luego de manifestar a su inconformidad a su manera, asumió la decisión y anunció los pasos a seguir en el asunto. Esto desde luego, es un ambiente más que propicio para que las descalificaciones de uno y otro grupo de la opinión pública y de los medios digitales de comunicación, alineen para, infortunio, persistir en el insulto e incluso la amenaza. Eso sí que no forma parte de un ambiente, aunque tenso, de cómo funciona la República.
Nos esperan largos ocho meses de intensos trabajos parlamentarios, jurídicos, presupuestales, de diseños enfocados a atender el principal problema de la agenda social, como es la actividad delictiva común y organizada. Ese sí que es un asunto que a todas y todos nos compete; bajo esa lógica, no hay que “gane” o “pierda” con la votación/decisión de la SCJN. Se debe enfocar la energía, el talento y las capacidades de conciliación, para que la sociedad, en su conjunto, deje de arrojar impresionantes cifras respecto de la agudizada percepción de inseguridad pública y sus innegables efectos en el desarrollo de las actividades cotidianas y productivas en amplias zonas del país. Ese sí que es, un reto colectivo ineludible.
@JOPso
