La clave está en los detalles. La iniciativa constitucional del presidente será la base para realizar las modificaciones. La presidenta electa confirmó que la Reforma Judicial se realizará, ya sea que se apruebe en septiembre o al inicio de su administración. Sin embargo, cualquiera que haya revisado el texto se da cuenta de que esa reforma no se puede implementar, al menos en los términos planteados.
Independientemente de la ligereza con la que se llevó a cabo la consulta y decisión sobre si procedía o no la reforma, lo cierto es que la Justicia, como virtud y como institución, tiene una gran deuda con la mayor parte de la población. La existencia de información, foros, análisis y debates sobre la Reforma a los Poderes Judiciales mexicanos abre la posibilidad de incidir en su construcción. Algunas consideraciones.
33 Poderes Judiciales. La Reforma modifica el funcionamiento y composición del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Esto quiere decir que habría elección de magistrados y jueces por voto directo y secreto de la ciudadanía, la creación de un tribunal de disciplina judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. La propuesta presidencial comprende la elección de las personas juzgadoras. Además, para cada puesto habría candidatos propuestos por cada uno de los Poderes de la Unión. El organismo electoral efectuaría los cómputos de la elección.
Legitimación democrática. En abstracto, la propuesta presidencial parece dar voz al pueblo. Sin embargo, el control de las candidaturas estaría coptado por el presidente o gobernador, legisladores y los jueces. Replicaría una de las mayores críticas al actual sistema político mexicano: los partidos políticos con total discrecionalidad deciden quién se queda con los cargos de elección y representación: quién va de candidato y quién no, sin importar si tiene un perfil o preparación idónea o no. El manejo administrativo de una elección de tales dimensiones sería inédito en el mundo, por las implicaciones, tamaño y costos.
Régimen disciplinario. La iniciativa presidencial propone la creación de Tribunales de Disciplina Judicial. Esta institución es un arma de doble filo. Por un lado, mal diseñada e implementada, puede convertirlo en un verdadero Tribunal Inquisidor, de persecución y presión a jueces y magistrados. Tan fácil como: no resuelves cómo quiero, serás investigado, sancionado y perseguido. Por otro lado, también es cierto que la vigilancia y disciplina es un área que requiere una reforma significativa para combatir eficazmente la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias y otros abusos. Quien ocupe los cargos directivos de este Tribunal deberían tener restricciones post-mandato para evitar conflictos de interés, que permita la impartición de justicia libre de influencias indebidas.
Garantía presupuestal. En la iniciativa no se contempla el establecimiento de recursos que estarán a cargo de los Poderes Judiciales. Tampoco se hace mención de la garantía que necesitan las instituciones de justicia en materia presupuestaria. Por ejemplo, establecer reglas de porcentaje mínimo destinadas a la impartición de justicia. Si se pretenden eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, debe existir una garantía de asignación de recursos. De lo contrario, sucederá como en otras ocasiones. Desaparece el fideicomiso y los apoyos nunca llegaron: desastres naturales, deporte, cultura, protección de periodistas y un largo etcétera.
Sin ingenuidad, no puede haber justicia sin procuradurías de justicia eficaces y ministerios públicos diligentes, cuestión no abordada por el Ejecutivo Federal. Si persiste la simulación y cerrazón a propuestas, probablemente terminaremos con un estado fallido, con jueces y magistrados secuestrados por todo tipo de interés y un pacto de impunidad que afectará a todos. Si, por el contrario, existe siquiera una mínima intención por parte de los legisladores de mejorar el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, habrá que prestar atención a los detalles. No en lo que dice la iniciativa presidencial, sino en lo que omite.
Maestro en políticas públicas y profesor universitario
@ManuGuadarrama
