Por Manuel Guadarrama
En las próximas elecciones la atención está puesta en la conformación de la Cámara de Diputados federal, pero también están por renovarse 1,063 diputaciones locales. Si bien para la aprobación de iniciativas y reformas constitucionales los diputados federales son clave, los congresos locales también juegan un papel importante. La Constitución es nuestra norma máxima. El mecanismo para cambiarla es distinto a cualquier otra ley. Los requisitos contemplan la necesidad de que al menos la mayoría de los congresos locales (17) apruebe la reforma constitucional.
Durante su gestión, el presidente ha enviado al Congreso de la Unión diversas reformas legales, las más polémicas en materia energética. Los senadores y diputados de la República las han aprobado a pesar de que especialistas advirtieron su posible inconstitucionalidad. En efecto, al pasar la revisión judicial, las reformas han quedado suspendidas porque los jueces han cumplido con su función: velar por el respeto a la legalidad y constitucionalidad. Ante este freno, el Ejecutivo incitó a remover el obstáculo: reformar la Constitución.
Actualmente, ningún partido por sí solo tiene mayoría absoluta en 17 congresos estatales, necesario para aprobar reformas constitucionales. Si las reformas pasan, es porque se hacen alianzas. En total, en el país hay 1,113 congresistas estatales, de los cuáles, el 36% pertenece al partido Morena, mientras que los legisladores del Pan y del Pri representan el 18% y 15% respectivamente y únicamente un 3.6% de congresistas independientes.
La composición partidista cambió radicalmente en la elección de 2018, Morena pasó de tener 78 a 404 congresistas. Esta nueva realidad podría o no cambiar en la siguiente elección. Atrás quedaron los gobiernos unificados, es decir, en dónde el partido del gobernador o gobernadora tenía la mayoría en los congresos estatales. Ahora solo en siete estados hay un gobierno unificado y con mayoría absoluta en los congresos: Baja California, Guanajuato, CDMX, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
Los congresos locales además de ser la llave final para la aprobación de reformas constitucionales, también importan por las funciones que tienen asignadas. En una democracia competitiva, las instituciones legislativas sirven de contrapeso, llaman a rendir cuentas a los gobernadores, a los secretarios encargados de los ramos y a funcionarios públicas en cada entidad federativa. También tienen a su cargo la aprobación y vigilancia de presupuesto y los recursos públicos.
Los Poderes Legislativos están a cargo de la función de fiscalización y auditoría. Uno de los hallazgos del Informe Legislativo 2021 del IMCO es que las auditorías siguen vulnerables a presiones políticas y presupuestales. Entre 2020 y 2021 los presupuestos de las auditorías de Durango y de la CDMX tuvieron reducciones notables de -40.5% y -22.8% respectivamente.
Los congresos estatales y sus auditorías son una pieza fundamental en una democracia. Sin embargo, los congresos que no son vigilados pueden ignorar sus responsabilidades, mantener auditorías débiles y volverse cómplices de malas administraciones. Por estas razones debemos analizados, monitoreados y llamarlos a rendir cuentas.
Teniendo en cuenta los datos más relevantes sobre nuestros congresistas nos toca tomar la decisión el próximo 6 de junio, vayamos a votar.
*Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO y Coordinador del Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil en México para el Gobierno Abierto.
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