Por Susana Camacho (@Su_Kmacho)
Al momento de escribir estas líneas, más de 1200 jueces y magistrados acordaron un paro indefinido de labores a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto. Ellos se suman a la huelga iniciada el 19 de agosto por los más de 55 mil trabajadores de los juzgados federales. Protestan por la iniciativa de reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que puede ser aprobada por la mayoría calificada en el Congreso en los próximos días.
En este artículo examinaremos si la reforma propuesta cumple o no con su promesa de acabar con la corrupción en los poderes judiciales y que las personas tengan un mejor acceso a la justicia. Ello nos permitirá entender si el paro de labores de los impartidores de justicia en México está justificado.
En estados democráticos de derecho, los poderes judiciales tienen dos tareas: resolver conflictos y proteger los derechos de las personas (incluso frente a las autoridades). Para cumplir esas funciones, se requiere que quienes ejercen la función de juzgar sean conocedoras del Derecho y sean imparciales, además de poseer un profundo sentido de la justicia.
Para cumplir con ello de manera más eficiente, es que existen los servicios de carrera. Con esta figura, las personas jueces, magistradas y ministras, son seleccionadas y promovidas de manera justa y transparente, y pueden desarrollarse profesionalmente dentro de la institución.
Si bien se ha avanzado en el fortalecimiento de los servicios de carrera, aún faltan mecanismos que nos aseguren mejores competencias y habilidades. Sobre todo, en el ámbito de los poderes judiciales estatales. En muchos estados, la carrera sólo llega hasta los jueces, y no aplica a los magistrados (que pueden echar para atrás las resoluciones de los jueces). En algunas entidades, los magistrados son designados con cada cambio de gobernador.
El personal del Poder Judicial que está en protesta, sabe que una verdadera reforma judicial debería enfocarse más bien en perfeccionar los servicios de carrera y rescatar los avances en este ámbito. En lugar de ello, la propuesta presidencial opta por elegir los puestos con el voto popular. Contrario a lo que afirman sus defensores, no es un método de selección que certifique conocimiento, imparcialidad e independencia.
La reforma debería ofrecer mecanismos de monitoreo y evaluación de las juezas y jueces una vez que ejerzan el cargo y que haya consecuencias cuando se detecten actos de corrupción. En cambio, recurre a un Tribunal Disciplinario con facultades para investigar, procesar y sancionar jueces, que tampoco es la vía adecuada. Por su diseño, constituye una forma de amenaza constante a los impartidores de justicia, lo que implica menos independencia de criterio.
La iniciativa carece de una visión sistémica. En materia penal no se tocan fiscalías, defensorías públicas, ejercicio de abogacía, cooperación con las policías. En los reportes de “Hallazgos” que México Evalúa publica anualmente, se observa que el mayor número de casos quedan estancados en las fiscalías. En 2022, sólo llegaron ante los jueces alrededor de un 4.3% de los delitos denunciados. Entonces, si el acceso a la justicia penal inicia en policías y fiscalías, la iniciativa de reforma está incompleta.
La reforma tampoco hace distinción entre los problemas que tiene el Poder Judicial Federal (PJF) y los problemas, muy diferentes, de los poderes judiciales estatales. Así por ejemplo, mientras que la discusión presupuestal se ha enfocado en los excesos del PJF, los tribunales estatales carecen de los recursos mínimos para pagar salarios e insumos básicos como computadoras, internet, espacios adecuados para atender ciudadanías, por mencionar algunos.
Tampoco se advierte que la reforma tenga un enfoque en los derechos de las personas. Bajo el argumento de que quienes operan en los poderes judiciales “gozan de privilegios”, en realidad se afectan derechos mínimos laborales de todo el personal judicial, no sólo de los jueces. Por otra parte, tampoco se atienden los derechos de las personas usuarias, pues reduce sus derechos al limitar los efectos del amparo y la suspensión.
Menos aún propone bases o principios para simplificar procedimientos que hoy son engorrosos. Si la promesa es tener juicios más eficientes, no se cumple. No hay cambios que reduzcan plazos o permitan acelerar procesos. Los únicos cambios en los procesos son sólo para limitar derechos.
Una iniciativa que vaya al fondo de los problemas de acceso a la justicia debería empezar por fortalecer la justicia estatal, es decir, la primera instancia. Si esta funcionara mejor, ni siquiera habría necesidad de saturar la justicia federal a través del amparo. También debería tener políticas y mecanismos para resolver conflictos comunitarios y evitar el escalamiento de violencias, como la justicia cívica. En la iniciativa que se discute, ni siquiera es mencionada. De haber impulsado la justicia cívica en la actual administración, habría constituido el primer eslabón de la justicia a nivel comunitario y más cercana a la gente.
La reforma para tener la justicia que necesitamos debería incluir a las fiscalías, mejorar la calidad de la defensa pública, regular el ejercicio de la abogacía, distinguir entre los problemas de la justicia local y la federal, discutir los problemas de acceso al amparo, ampliar a más materias los juicios orales, proponer mecanismos para transparencia en el ejercicio de presupuesto, fortalecer la justicia local incluyendo a la justicia cívica. Claro, si es que el objetivo es ampliar el derecho al acceso a la justicia, y no simplemente centralizar el poder para no tener contrapesos, como ocurre en las dictaduras.
*Susana Camacho es co-coordinadora del programa de Justicia en México Evalúa
