por Diego Díaz Pérez
Así como la Secretaría de Hacienda presentará al Congreso el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a finales de esta semana, los 32 gobiernos estatales también enviarán, si no es que ya lo han hecho, sus respectivos proyectos de presupuesto a los congresos locales para su discusión y aprobación.
En estos documentos, nuestros respectivos gobiernos estatales nos dirán a los ciudadanos y a nuestros representantes en qué piensan gastar los aproximadamente tres billones de pesos de recursos que obtendrán, en conjunto, el siguiente año.
Este no es un monto menor, pues representa aproximadamente una tercera parte del gasto público total que se ejercerá en el país en 2025 y será equivalente a alrededor de 20 mil pesos per cápita. En entidades como la Ciudad de México, Campeche y Baja California Sur, incluso rondará los 28 mil pesos por habitante.
De este modo, cada una de las administraciones locales dejará a la vista sus prioridades, pues revelará, a través de la asignación de recursos públicos, qué sectores considera estratégicos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y qué otros percibe como secundarios e incluso irrelevantes.
En la práctica, sin embargo, las promesas de nuestros gobernantes no necesariamente se cumplen. Así lo ha documentado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a través del “Informe Estatal del Ejercicio del Gasto” que analiza si el proceso de ejecución del gasto va acorde con lo planeado y presupuestado. Es decir, si los gobiernos estatales son consistentes con sus discursos y promesas.
En este informe, el IMCO identificó diferencias significativas, frecuentes y generalizadas entre los montos que aprueban los congresos locales en los presupuestos de egresos estatales y los que gastan las secretarías de finanzas locales, lo cual distorsiona los objetivos plasmados en dichos presupuestos e incluso contraviene lo que los propios diputados locales autorizaron en representación nuestra.
A pesar de que muchos gobiernos estatales en México sostienen un discurso de austeridad, el gasto administrativo ejercido en 2023 reflejó una realidad opuesta. Ese año, 23 estados destinaron entre 2.1% y 68.8% más recursos de los autorizados a este rubro, destacando casos como Guerrero, Querétaro y Oaxaca, que ejercieron 68.8%, 43.8% y 33.1% más del presupuesto aprobado para este concepto, respectivamente.
En contraste, el gasto en inversión pública que es crucial para el desarrollo local, experimentó un preocupante subejercicio. De los 119.9 mil millones de pesos (mmdp) aprobados en 2023 para este fin, los estados solo ejercieron 106.5 mmdp, por lo que dejaron 13.3 mmdp sin utilizar para la construcción de proyectos de infraestructura. Esta brecha entre lo aprobado y lo ejercido no es un caso aislado, sino una constante, ya que en seis de los últimos nueve años, el gasto en infraestructura ha quedado por debajo de lo presupuestado.
Ejemplos como estos evidencian no solo las verdaderas prioridades de quienes nos gobiernan, sino los amplios márgenes de discrecionalidad con los que cuentan las administraciones estatales en el uso de los recursos públicos. Esto ocurre en gran medida debido a la falta de un seguimiento puntual del gasto por parte de los congresos y órganos locales de fiscalización, los cuales deberían, conforme a sus atribuciones constitucionales, actuar como contrapesos en la gestión del presupuesto público.
En este sentido, poco importa si en el discurso oficial nuestros gobernantes aseguran que el próximo año destinarán ciertos recursos a inversión pública, educación, salud, seguridad, turismo o cualquier otro rubro. Sin contrapesos adecuados, los presupuestos se han convertido en meros “cheques en blanco”, que permiten a los gobiernos ejercer los recursos de los contribuyentes sin mayores restricciones. Dicho de otro modo, los presupuestos en México son de juguete.
Ante este panorama, y con la discusión de los presupuestos de egresos de cada entidad para el ejercicio fiscal 2025 en puerta, es crucial que los poderes ejecutivos estatales planifiquen de manera rigurosa sus prioridades de gasto y que los congresos locales refuercen su papel de vigilancia. Solo mediante una mayor rendición de cuentas será posible garantizar un uso adecuado de los fondos públicos y asegurar que las promesas plasmadas en los presupuestos no se queden en papel.
Coordinador de Finanzas Públicas del IMCO
@Diego_DiazP
